Toledo, 10 de julio de 2024.- En la reunión de esta semana, el Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, que tiene como objeto actualizar sus competencias para fomentar un órgano “más dinámico, que apueste por las relaciones con su entorno, por captar fondos o estrechar aún más las relaciones con los estudiantes”, tal y como ha manifestado Padilla, quien ha añadido que, de este modo, “seremos de las primeras comunidades de España en tener nueva Ley del Consejo Social de la Universidad”.
 
En este sentido, la consejera ha avanzado que la norma “contiene novedades con respecto a la ley anterior, ya que buscamos la adaptación a la forma de realizar los nombramientos y a las competencias que marca la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
 
Así, y en relación con los cambios sobre los nombramientos, Padilla ha informado que cuando se apruebe la ley “se elevarán las propuestas directamente desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a las Cortes regionales”. Sobre las novedades en base a las competencias que marca LOSU, Padilla ha hecho referencia a que el “Consejo Social deberá elaborar un plan estratégico cada tres años para fomentar un órgano más dinámico, que apueste por las relaciones con su entorno, por captar fondos o estrechar aún más las relaciones con los estudiantes”.
 
La portavoz del Ejecutivo de Emiliano García-Page ha hecho hincapié en que, de este modo, “se pretende crear un marco legal que favorezca la representación y agilización del Consejo, marcando el perfil de los miembros de este órgano en el ámbito de la captación de fondos externos con empresas a través de convenios y estrechando esos contactos enfocados también en la búsqueda de colaboraciones, con el objetivo de incrementar la financiación en investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha”. Unas medidas con las que, según sus palabras, “tendremos un Consejo Social más abierto, para llegar a más sectores, uniendo más aún a la Universidad regional con la sociedad castellanomanchega”.
 
Padilla ha señalado también que la nueva ley “ha sido realizada con el consenso de todas las partes implicadas” y ha añadido que, en este sentido, “se ha hablado con los miembros del Consejo Social, así como con la propia Universidad”.
 
Incremento de miembros
 
Durante su intervención, la consejera ha adelantado que otra de las novedades que contempla este anteproyecto de ley “es que también se incrementa el número de miembros del Consejo Social de la UCLM”, por lo que ha explicado que pasará de 19 a 21. De este modo, tal y como ha especificado, se incorporan dos miembros con perfiles de inclusión y de economía social.
 
Asimismo, Padilla ha dado a conocer que se incorporará también el enfoque de género, “de modo que el Consejo Social tendrá que ser paritario, buscando así una presencia equilibrada entre hombres y mujeres”. Además, este enfoque estará presente a la hora de tratar documentos con lenguaje inclusivo, tal y como ha citado como ejemplo.
 
La portavoz regional ha añadido que “reforzamos la transparencia de este órgano y su rendición de cuentas, facilitando que el Control Interno de la Universidad informe directamente al Consejo Social”.
 
Por último, Padilla ha afirmado que desde el Gobierno del presidente García-Page “avanzamos en reforzar la comunidad universitaria de la UCLM”, así como ha defendido que “nos acercamos aún más a los colectivos que participan en representación de los intereses sociales de la región”, en alusión a los grupos parlamentarios representados en las Cortes regionales, al propio Consejo de Gobierno autonómico, a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, a las organizaciones empresariales más representativas de la Comunidad Autónoma, a las organizaciones sindicales más representativas, así como entidades, fundaciones o empresas que tengan suscritos convenios o contratos de investigación, docencia, de prácticas o de colaboración con la Universidad, además de la Confederación de Entidades de Economía Social de Castilla-La Mancha y la Mesa del Tercer Sector de la Comunidad Autónoma.