Toledo, 12 de enero de 2017.- El Gobierno regional confía en poder aplicar la supresión de la tasa de reposición en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2017 después de que, tal y como pedía Castilla-La Mancha, las comunidades autónomas y el Gobierno de España cierren este acuerdo en la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar en Madrid el próximo 17 de enero.
 
El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado hoy que este acuerdo permitirá “un mayor margen de maniobra” para dar respuesta a las necesidades en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales en Castilla-La Mancha. “La realidad y los modelos de gestión son distintos en cada Comunidad Autónoma, pero que si queremos recuperar servicios esenciales que se han quedado en el camino en los últimos años y mejorar la calidad de los mismos no se puede tener la limitación de esta tasa”, ha dicho.
 
El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende que esta modificación “no tiene coste presupuestario excesivo” ya que, en algunos casos, se trata de consolidar empleo temporal por estable y, además, se propiciará la movilidad entre los empleados públicos.
 
Dependencia
 
Por otro lado, Martínez Guijarro ha explicado que las comunidades autónomas están a la espera de recibir una propuesta por parte del Ministerio de Hacienda sobre la revisión del sistema de financiación autonómica para alcanzar un acuerdo sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar en nuestro país.
 
El acuerdo implica la creación, en el plazo de un mes, de un grupo de trabajo de expertos propuestos por las comunidades autónomas, que trabajen directamente con el Ministerio y con el objetivo de analizar el actual sistema de financiación y elaborar propuestas técnicas para su modificación.
 
En cuanto a la Ley de Dependencia, Martínez Guijarro ha insistido en que no se está cumpliendo con la financiación del 50 por ciento entre Administración nacional y regional, sino que en el caso de Castilla-La Mancha, el Estado está financiando apenas el 16 por ciento, mientras que el 84 por ciento restante corre a cargo de las arcas regionales. “Este desfase es uno de los grandes agujeros económicos que tenemos las comunidades autónomas”, ha aseverado el vicepresidente, lo que provoca problemas a la hora de cumplir con el objetivo de déficit.
 
De hecho, la deuda que tiene el Gobierno de España en materia de Dependencia con Castilla-La Mancha es de más de 353 millones de euros, lo que supone el 1 por ciento del PIB, cuando la capacidad de déficit de la región es del 0,7 por ciento.
 
En la última reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes también se alcanzaron acuerdos como la elaboración de una estrategia nacional para abordar retos demográficos o lo que el Gobierno de España ha denominado ‘Bono Social’, que además de electricidad incluirá el sector del gas, otro para la puesta en marcha de la ‘Tarjeta Social’, así como un acuerdo sobre un Consejo Nacional de Protección Civil, para mejorar la capacidad de los distintos dispositivos de emergencias, y la participación de las comunidades autónomas en las relaciones con la Unión Europea.