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Ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 35 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha en el caso de muerte por presunta violencia de género ocurrida en la pedanía de Ruguilla (Cifuentes).

La acción administrativa se despliega muchas veces en forma de concertación de convenios interadministrativos de colaboración, que al mismo tiempo suponen compromisos de gasto para la Hacienda autonómica o ingresos procedentes de otras Administraciones, particularmente de la Administración General del Estado. Por ello, la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital previa audiencia a todas las Consejerías de la Administración regional, considera de interés poner en conocimiento del Consejo de Gobierno el informe correspondiente a los convenios inscritos en el Registro General de Convenios en el segundo trimestre del año 2025. 

El artículo 15.2 del Decreto 5/2022, de 25 de enero, del Régimen Administrativo del Juego en Castilla-La Mancha, relativo a la puesta en funcionamiento de los casinos de juego, dispone que si la puesta en funcionamiento no pudiera producirse en ese plazo por causas ajenas a la voluntad de su titular, este podrá solicitar la concesión de la oportuna prórroga por un plazo idéntico al establecido en la autorización de instalación, justificando debida y detalladamente las causas que impidan el cumplimiento del plazo. 

El Decreto que ahora se aprueba tiene por objeto establecer la estructura orgánica y fijar las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.  

El Decreto 103/2023, de 25 de julio, estableció la estructura orgánica y determinó las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 

En la actualidad, resulta necesario proceder a la aprobación de una nueva disposición que sustituya al citado Decreto 103/2023, de 25 de julio, atendiendo, fundamentalmente, a dos motivos esenciales: 

En primer lugar, la necesidad de adaptar la estructura orgánica a las exigencias derivadas del Reglamento (UE) 2023/2411, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023, sobre la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales.  

Y, en segundo lugar, la necesidad de incorporar a la estructura de la Consejería un órgano administrativo de carácter técnico en materia preventiva, como es el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, cuya creación responde a la voluntad de dotar a la Comunidad Autónoma de una estructura especializada y con los recursos adecuados para el desarrollo de políticas públicas eficaces en materia de prevención de riesgos laborales, con un enfoque integral, transversal y adaptado a los desafíos actuales del mercado de trabajo.  

Finalmente, este decreto, en su disposición final primera, aborda la modificación del Decreto 99/2013, de 28 de noviembre, por el que se atribuyen competencias en materia de cooperativas, sociedades laborales, trabajo, prevención de riesgos laborales y empleo, con el objeto de incorporar expresamente las reglas de atribución competencial relativas al ejercicio de la potestad sancionadora en las materias de trabajo, empleo y prevención de riesgos laborales, cuando los expedientes sancionadores afecten a un ámbito territorial supraprovincial. 

Enlaces relacionados:

Decreto 64/2025, de 9 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

El Consejo de Gobierno acuerda autorizar, hasta el 31 de julio de 2026, el “Programa temporal para la incorporación de 14 técnicos/as (especialidad Ingeniería Técnica Industrial) y 6 auxiliares administrativos en la Dirección General de Transición Energética, con cargo al programa MOVES III, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo”. 

El programa temporal de empleo estará integrado por el siguiente personal:

En virtud de lo establecido en el artículo 110 y siguientes de la Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se eleva el acuerdo por el que se autoriza la cesión de uso del local en planta baja del inmueble situado en la plaza de Valdecaleros nº 12 de Toledo a la Fundación Mensajeros de la Paz, con destino a banco solidario para la entrega a familias en situación de grave vulnerabilidad de alimentos, productos de higiene y limpieza, ropa y calzado, para su deliberación por el Consejo de Gobierno. 

El artículo 10.5 del Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el que se regula la contratación electrónica en el sector público regional, establece que la consejería competente en materia de coordinación de la contratación, actualmente Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, debe elevar al Consejo de Gobierno -en el primer semestre siguiente al ejercicio cerrado anterior- un informe sobre la contratación del sector público regional de Castilla-La Mancha en el que, al menos, de forma agregada y para cada uno de los componentes del sector público regional, se indicará el número de contratos celebrados, su importe y la clasificación por tipos o categorías de los mismos.