Buscador de Acuerdos del Consejo de Gobierno

Según lo establecido en el artículo 9.1 de la ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el ejercicio de acciones será necesaria la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe preceptivo del Gabinete Jurídico.   A la vista del informe citado y de los antecedentes remitidos por la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete, procede la comparecencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado nº 1114/2019 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Albacete, por la comisión de un presunto delito de falsificación de documentos públicos y de estafa.

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.   En este contexto, el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 (DOCM nº 57 de 20 de marzo), estableció en su artículo 10 la procedencia de aplicar la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, en adelante), a todos aquellos contratos que hubieran de celebrarse por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su Sector Público para hacer frente al COVID-19.   La aplicación de dicho régimen excepcional habilita a los órganos de contratación a contratar todo lo necesario para hacer frente al COVID-19 sin obligación de tramitar expediente de contratación ni sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LCSP.   Al amparo de ello, desde 16 de junio y hasta el 15 de julio de 2020 las declaraciones de emergencia en contrataciones realizadas por la Consejería de Sanidad para hacer frente, en el ámbito de sus competencias, al COVID-19 ascienden a 442.030,58 €.

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.   En este contexto, el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 (DOCM nº 57 de 20 de marzo), estableció en su artículo 10 la procedencia de aplicar la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, en adelante), a todos aquellos contratos que hubieran de celebrarse por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su Sector Público para hacer frente al COVID-19.   La aplicación de dicho régimen excepcional habilita a los órganos de contratación a contratar todo lo necesario para hacer frente al COVID-19 sin obligación de tramitar expediente de contratación ni sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LCSP.   Al amparo de ello, desde el 5 al 19 de junio de 2020 las declaraciones de emergencia en contrataciones realizadas por la Fundación Sociosanitaria para hacer frente, en el ámbito de sus competencias, al COVID-19 ascienden a 85.011,24 €.

La situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus COVID-19 (SARSCoV-2), llevo l Gobierno a decretar el estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.   Con fecha 10 de mayo de 2020 se dictao Resolución de la Dirección General de la Función Pública Sobre Medidas Organizativas y de Prevención de Riesgos Laborales para la Reincorporación Presencial del Personal de la administración de la Junta de Comunidades de Castila-La Mancha. En su apartado Cuarto. Planes y medidas preventivas, letra B.1 señala que “Se tomarán las medidas adecuadas para posibilitar el distanciamiento social de 2 metros”.   Asimismo, en la letra C.2 del apartado cuarto de la citada resolución se establece que “Las tareas de cada puesto de trabajo se planificarán para que el personal empleado público pueda mantener la distancia interpersonal de dos metros durante la permanencia en el mismo”.   Considerando, que con el fin de posibilitar la adecuada separación entre los puestos de trabajo y de determinadas zonas comunes en el edificio sede de los Servicios Centrales de la Consejería, sito en C/ Pintor Matías Moreno, 4 de Toledo, se hace imprescindible y urgente habilitar otros espacios de trabajo presencial y de zonas comunes.   Con fecha 14 de julio de 2020 se ha dictado, así mismo, Resolución de esta Consejería aprobando el proyecto dirección de obra y coordinación de seguridad para la reforma y adaptación del edificio doncellas sito en c/ santa Leocadia, nº 3 (Toledo), con un presupuesto total de licitación, incluyendo el estudio de seguridad y salud, de 980.241,57 €. Con la misma fecha se dictó Resolución declararando la necesidad de la tramitación de emergencia para la contartación de obras de conservación, salubridad y ornato en el edificio “Doncellas Nobles”de Toledo”, sito en c/ Santa leocadia, nº 3 (Toledo) en aras de atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al COVID-19, por un importe estimado de 800.659,61 euros.   Declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (B.O.E. Núm. 67 de 14 de marzo), la adopción de medidas por parte de los órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para hacer frente a dicha crisis sanitaria, queda justificada la necesidad de actuar de manera inmediata al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y de lo indicado en el artículo 10.2 del Decreto 9/2020, de 18 de, marzo por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.   De conformidad con el artículo 120.1 b) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, se pone en conocimiento del Consejo de Gobierno la emergencia.

EL CONSEJO DE GOBIERNO AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS CONVENIO DE COLABORACIÓN DE 2 DE ENERO DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Y EL AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS (TOLEDO), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Nº 6 DE 3+6 UNIDADES (2ª FASE), POR IMPORTE DE 1.850.750,00 EUROS, Y SU IMPUTACIÓN CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 18.02.422A.76000.FPA0090003 Y ANUALIDAD DEL 2020.

El Decreto 15/2020, de 12 de mayo, tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y humanitario durante 2020, de ayudas de emergencia excepcional, destinadas a hacer frente a las consecuencias sociales del COVID-19; en concreto, para paliar situaciones de necesidad económica como consecuencia de la crisis sanitaria.   Una vez avanzada la tramitación de estas ayudas y dado el volumen de solicitudes presentadas y concedidas, se pone de manifiesto la necesidad de modificar los artículos 9.4 y 10.1 del Decreto 15/2020, de 12 de mayo, para dar respuesta a la finalidad de las ayudas y atender de forma más eficaz las situaciones de dificultad social y económica de las familias.   Enlaces relacionados:   Decreto 39/2020, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 15/2020, de 12 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas de emergencia excepcional destinadas a personas que se encuentren en situación de dificultad económica y social para cubrir necesidades básicas, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19 durante 2020.

 

El Consejo de Gobierno acuerda sancionar a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU/, IDe Redes Eléctricas Inteligentes, SA, por la comisión de una infracción muy grave en materia de conservación de la naturaleza, tipificada en el artículo 108.6 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, consistente en “la destrucción, muerte, deterioro, recolección, captura, posesión, transporte, comercio y exposición para el comercio a naturalización no autorizados de ejemplares de animales o plantas catalogadas en peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat”, con una sanción por importe de 200.001 euros, de conformidad con lo prevenido en el artículo 113.1.C de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, así como una indemnización por importe de 135.240 euros, en virtud del baremo (actualizado) previsto en el Decreto 67/2008, de 13 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por el que se establece la valoración de las especies de fauna silvestre amenazada. Y con la medida complementaria de restauración mediante la adaptación de la instalación eléctrica en los términos expuestos en los fundamentos de derecho del Acuerdo adoptado.

Aprobar el proyecto de Ley de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y disponer su remisión a las Cortes Regionales para su tramitación.

 

Enlaces relacionados:

 

Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El Sistema de Abastecimiento de La Campiña Baja presta el servicio de suministro de agua potable en alta en los siguientes municipios de la provincia de Guadalajara: Valdeaveruelo, Torrejón del Rey, Galápagos, El Casar (incluyendo la urbanización El Coto), Mesones y Valdenuño-Fernández, con una población censada total de 14.988 habitantes. Este sistema no dispone de Estación de Tratamiento de Agua Potable propia.   La capacidad del sistema de suministro en el eje principal Quer-El Casar es insuficiente en los días de máximo consumo.Por otra parte, algunas de las entidades poblaciones de los municipios abastecidos en el Sistema de La Campiña Baja no están conectadas a esta red y se ha detectado que su garantía en el suministro de agua potable es insuficiente para las necesidades de la población, especialmente en las puntas de consumo.   Ante una crisis de emergencia sanitaria, es imprescindible proporcionar un sistema de abastecimiento de agua potable con la máxima garantía en cantidad y calidad del agua para el suministro de una población de más de 18.000 habitantes. El agua potable se ha demostrado como una de las herramientas más eficaces para combatir la propagación del COVID-19. Su disponibilidad es esencial para erradicar la enfermedad en hogares, centros sanitarios, residencias de ancianos u otras actividades industriales y comerciales, que necesitan el agua para mantener su actividad.   La magnitud de la situación de emergencia sanitaria en que nos encontramos obliga a adoptar medidas excepcionales e inmediatas a fin de garantizar el acceso al agua potable que facilite una higiene adecuada a la población.   Ante dicha situación de emergencia la Presidencia de lnfraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha (IACLM) con fecha 26 de junio de 2020, declara la necesidad de la misma y ordena la ejecución de las obras , encargando su ejecución a TRAGSA por el importe estimado de 1.602.505,17 €,IVA excluido.   Declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la adopción de medidas por parte de los órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para hacer frente a dicha crisis sanitaria, queda justificada la necesidad de actuar de manera inmediata al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y de lo indicado en el artículo 10.2 del Decreto 9/2020, de 18 de, marzo por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

El Consejo de Gobierno autoriza un total de 26.616 cupos de efectivos de los cuerpos docentes no universitarios para el próximo curso 2020-2021.   El artículo 51.1 de la Ley 10 /2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el 2020 establece que: “El Consejo de Gobierno autorizará, a propuesta de la consejería competente en materia de educación y previo informe de la dirección general competente en materia de presupuestos, el número global de cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para cada curso.

El Consejo de Gobierno aprueba el III Plan de éxito educativo y prevención del abandono escolar temprano en los centros educativos sostenidos con fondos públicos para el curso 2020-2021.   Este Plan comprende los siguientes programas:   1ª Fase: Refuerza-T (septiembre a diciembre de 2020): 1.1 REFUERZA- T PRIMARIA 1.2 REFUERZA-T SECUNDARIA 1.3 REFUERZA-T BACHILLERATO 1.4 ACTUALIZA-T   2ª Fase: Éxito Escolar (enero a julio de 2021): 2.1. PREPARA-T 2.2. ILUSIONA-T 2.3. TITULA-S   Además de dos programas trasversales: 3.REINCORPORA-T 4.ACTUALIZA-T

El Consejo de Gobierno toma conocimiento del Plan de Digitalización de los centros educativos públicos de Castilla-La Mancha para el curso 2020/2021.   Este Plan consta de tres actuaciones básicas consistentes en: Adquisición de equipamiento tecnológico, Mejora de la plataforma colaborativa y Formación del Profesorado.