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El Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, establece las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.    El Capítulo VIII de este Decreto regional, referido a las “Medidas en el ámbito de los servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales”, establece en su artículo 39, entre otras medidas, la obligación de los titulares o directores de los centros, servicios y establecimientos de colaborar con las autoridades sanitarias y de política social en los cometidos de vigilancia, prevención y control del COVID-19, así como la obligación de las consejerías competentes en materia de sanidad y de servicios sociales de garantizar la coordinación de los centros residenciales de servicios sociales y sociosanitarios con los recursos sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.    Persistiendo la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la adopción de medidas por parte de los órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para hacer frente a la misma justifica la necesidad de actuar de manera inmediata al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP en adelante).    Al amparo de ello, las declaraciones de emergencia en contrataciones realizadas por la Consejería de Bienestar Social para hacer frente al COVID-19, en el ámbito de sus competencias, hasta el 2 de septiembre de 2020, son las que se relacionan en Anexo adjunto a este acuerdo.    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.1.b) de la LCSP, debe darse cuenta de las mismas al Consejo de Gobierno en el plazo máximo de treinta días. 

La modificación propuesta viene motivada por razones de extraordinaria urgencia, derivadas de la actual situación de emergencia sanitaria, y se lleva cabo en el contexto de las medidas adoptadas por las autoridades económicas y sanitarias para mitigar los efectos de la pandemia ocasionada por la COVID- 19.    Consta en el expediente el informe del Gabinete Jurídico, de 8 de octubre de 2020, conforme al artículo 10.1.a) de la Ley 5/2013 de 17 de octubre, de ordenación del Servicio Jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.   Enlaces relacionados:    Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

 

Por Decreto 77/2019, de 16 de julio, se establece la nueva estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.   Con el fin de dotar a la Vicepresidencia, respecto de las competencias que tiene encomendadas en las materias relacionadas con la Unión Europea, con más personal que preste sus servicios en la Oficina de Bruselas para cumplir las funciones que tiene encomendadas y a su vez atender el objetivo reforzado que se ha marcado el Gobierno de Castilla-La Mancha de incrementar nuestra participación en los programas europeos, resulta necesario adaptar la relación de puestos de trabajo. 

Con el objetivo de aprovechar el contexto actual y reducir la carga financiera a pagar en el futuro, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas solicitó al Estado que la autorizase a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento que permitan a su vez amortizar anticipadamente otras operaciones anteriores más onerosas.    El Consejo de Ministros el pasado día 6 de octubre de 2020, autorizó a Castilla-La Mancha a realizar operaciones de endeudamiento a largo plazo para la refinanciación anticipada de la deuda. La autorización del Estado es por un importe máximo de setecientos millones de euros (700.000.000 €) y para operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de este año. Asimismo, las operaciones que se lleven a cabo deberán estar supeditadas al cumplimiento del objetivo de deuda pública fijado para Castilla-La Mancha para 2020. 

La fijación de un límite de gasto no financiero para los Presupuestos Generales de las Administraciones Públicas viene exigido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera. Se propone al Consejo de Gobierno que adopte el Acuerdo de establecer un límite máximo de gasto no financiero para los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el ejercicio de ejercicio 2020 de 6.619,8 millones de euros, en términos de Contabilidad Nacional.    Asimismo se propone a las Cortes de Castilla-La Mancha su aprobación con carácter de urgencia. 

El marco presupuestario a medio plazo constituye el escenario de referencia en el que se integran los presupuestos anuales de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, con la finalidad de dar coherencia y continuidad a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el ámbito de la Hacienda regional, tal y como establece en el art. 5 de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre.    Se basa en una información de carácter estimativo, que permite enmarcar la elaboración de los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma en un escenario de planificación presupuestaria plurianual.    El marco presupuestario contiene entre otros parámetros las previsiones de la evolución dela economía regional, objetivos de estabilidad presupuestaria (déficit público/PIB), objetivos de sostenibilidad financiera ( deuda pública/PIB) y la estrategia para el cumplimiento. 

- Autorización de Consejo de Gobierno del gasto por importe de 26.299.111,03 €,  de acuerdo con el artículo 20.f) de Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, referido al expediente siguiente:   “Servicio de mantenimiento integral de equipos electromédicos de alta tecnología de los centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud de Castilla-la Mancha”.   - Autorización para la celebración del contrato, ya que el valor estimado supera el límite de 10.000.000 € establecido en el artículo 58.5 b del Decreto Legislativo 1/2002 de 19 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha modificado por Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018.

El Consejo de Gobierno ha autorizado el reconocimiento de las obligaciones económicas por importe total de 26.489,71 euros imputables a la aplicación presupuestaria 2102CR00/G/711A/22700 de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, derivadas de las actuaciones necesarias para la prestación del servicio de limpieza en el edificio administrativo de servicios múltiples de Ciudad Real, en el mes de marzo de 2018.    Según indica el Secretario de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, en su informe de fecha 5 de noviembre de 2018, la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas autorizó la contratación del servicio fuera del acuerdo marco. Resultando ser el servicio de limpieza una necesidad básica e ineludible en el funcionamiento del EASM, el servicio se prestó por la misma empresa, Limpiezas Manchegas Bécquer, y por el mismo importe durante el mes de marzo.No habiéndose formalizado el contrato derivado hasta el 28 de marzo 2018 con inicio del periodo de vigencia del nuevo contrato de 1 de abril de 2018, se han generado obligaciones económicas por un importe de 26.489,71 euros derivadas de la prestación del servicio el mes de marzo.     En consecuencia, ante la omisión de la función interventora, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que el Consejo de Gobierno adopte decisión al respecto al amparo del artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, previo informe de la Intervención General, por lo que procede elevar al Consejo de Gobierno, el reconocimiento de las obligaciones, para su consideración.