Buscador de Acuerdos del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno acuerda:    Primero: Aprobar el Decreto por el que se modifica el Decreto 38/2018, de 5 de junio, por el que se crea la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030.     Segundo: Disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.   Enlaces relacionados:   Decreto 22/2022, de 5 de abril, por el que se modifica el Decreto 38/2018, de 5 de junio, por el que se crea la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030.

El Consejo de Gobierno acuerda:    Declarar nulos de pleno derecho el acuerdo de Consejo de Gobierno de 16 de mayo de 2013, por el que se aprobó el convenio de colaboración para la cesión de equipos digitales propiedad de Telecom Castilla-La Mancha S.A. a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y los posteriores acuerdos del Consejo de Gobierno de 12 de septiembre de 2013, 11 de septiembre de 2014 y 8 de septiembre de 2015, por los que se aprobaron las adendas números 1, 2 y 3 al citado convenio, por hallarse afectados del vicio de nulidad de pleno derecho contemplado en el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El Consejo de Gobierno acuerda:    Autorizar un gasto de la Consejería de Desarrollo Sostenible por importe de un millón setecientos un mil seiscientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos, 1.701.656,88 €, IVA incluido, correspondiente al expediente de contratación “Suministro dividido en lotes del vestuario y complementos para el personal del cuerpo de agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, durante las anualidades 2022 a 2025”. 

El Consejo de Gobierno acuerda:    Autorizar el reconocimiento de obligaciones por importe de treinta y ocho mil quinientos veintiún euros con ochenta y seis céntimos, 38.521,86€, IVA incluido, imputables en la partida presupuestaria 23020000G/442A/22201, en relación con el servicio postal de correos ejecutado por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. en el periodo 1 de abril de 2021 al 31 de enero de 2022, según la relación de facturas que se indican, de conformidad con el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. 

El expediente se instrumenta en aplicación de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022, dedicado al régimen de autorización previa de gastos de los sujetos del sector público regional con presupuesto estimativo, que establece que la autorización previa de los gastos en que incurran las empresas y fundaciones públicas, cuando dichos gastos sean superiores a 400.000 euros, corresponde al Consejo de Gobierno.    Esta autorización requiere de previo informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, según establece el artículo 25.4 de la Ley 8/2021, de 23 de diciembre. 

El Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de Riópar (Albacete), Almadén (Ciudad Real), Quintanar del Rey (Cuenca), Molina de Aragón (Guadalajara) y  Belvís de la Jara (Toledo), para la puesta en marcha en cada municipio de un espacio coworking, con la finalidad de fomentar el emprendimiento en la respectiva comarca y asentar o atraer población en el territorio.    Las subvenciones reguladas en el Decreto se otorgarán en régimen de concesión directa, y el importe total de la subvención asciende a 578.925 euros. El importe de la subvención que corresponde a cada entidad beneficiaria asciende a un máximo de 115.785 euros, que se financiarán con fondos finalistas procedentes de la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, de carácter plurianual en los ejercicios 2022 y 2023.    Enlaces relacionados:   Decreto 20/2022, de 29 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de Riópar (Albacete), Almadén (Ciudad Real), Quintanar del Rey (Cuenca), Molina de Aragón (Guadalajara) y Belvís de la Jara (Toledo), para la puesta en marcha de un espacio coworking dirigido a fomentar el emprendimiento en la respectiva comarca.

El anteproyecto de Ley se justifica en que el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha es el sector agroalimentario más significativo de la región por sus implicaciones sociales, económicas, medioambientales, territoriales, culturales y patrimoniales.  Constituye un sector estratégico que participa en la renta de gran parte de la población agraria, del sector industrial y de la población regional en general, bien como principal fuente de ingresos o como retribuciones adicionales a otras actividades.      El sector, en todos sus eslabones, está implicado desde hace tiempo en una transformación integral. La ampliación del panorama varietal regional, introduciendo variedades que permiten hacer productos más acordes con los gustos del mercado y el incremento de la calidad de la producción primaria, son retos asumidos ya por las/os viticultoras/es regionales, a los que se unen los de adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible del cultivo.     Por su parte, el subsector industrial se encuentra inmerso en una modernización continua de los equipos y de las técnicas enológicas empleadas, cada vez más vanguardistas y con vistas en la sostenibilidad ambiental, en el incremento de la calidad de los productos protegidos bajo las figuras de calidad, en añadir valor a su producto, y en el marketing y la comercialización, cada vez con más presencia en los mercados internacionales y con productos más adaptados al consumidor final. Este esfuerzo conjunto ha de seguir produciéndose y protegiéndose para que el sector pueda continuar progresando. Al mismo tiempo, para mejorar la capacidad competitiva, la cadena alimentaria tiene que ser fuerte, estar bien estructurada y dimensionada y todos los integrantes tienen que participar de la generación de valor a lo largo de la misma.    En febrero de 2019 se hacía público el Plan Estratégico del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha, que analizaba la situación del sector y proponía una hoja de ruta para garantizar su futuro a medio y largo plazo. Dicho documento incluía como una recomendación transversal dotar al sector regional de una regulación moderna, efectiva y adecuada. En el texto se definían también determinados objetivos a corto, medio y largo plazo, cuya consecución debe coadyuvarse con las regulaciones recogidas en al anteproyecto de Ley.     En cuanto al procedimiento se ha de seguir el dispuesto en el artículo 35 de la Ley 11/2003, de 25, de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que establece que el Gobierno ejerce la iniciativa legislativa mediante Proyectos de Ley.  

El 20 de septiembre de 2021 mediante Decisión de Ejecución de la Comisión se aprueba la modificación del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, a efectos de la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y se modifica la Decisión de Ejecución C (2015) 7561 de 30 de octubre de 2015 indicando que la contribución máxima del Feader ascenderá a 1 579 084 178 euros. Aumento que afecta considerablemente a las medidas gestionadas por la dirección General de Desarrollo Rural, debido a la gran importancia de medidas como las de inversiones, incorporación de jóvenes o LEADER.    La justificación de la necesidad de efectuar este programa de trabajo temporal es debido a la ampliación del plazo de dos años hasta el 2022 del actual programa, teniendo intención de iniciar nuevas convocatorias durante este periodo transitorio hasta 2022, que se podrían terminar de pagar en el año 2025 según la regla n+3, para lograr los objetivos de programación y ejecución establecidos en el PDR, y en la gran cantidad de operaciones que se llevan a cabo anualmente en la Dirección General de Desarrollo Rural.    El tiempo de duración de la contratación del personal mediante este plan temporal de empleo es de 3 años y 6 meses.     El coste total del Programa asciende a 1.029.228,10 euros.    En cuanto al nombramiento de personal funcionario interino para la realización de programas temporales, la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha en su artículo 8.1.c. establece esta posibilidad cuando se trate de la ejecución de programas de carácter temporal de duración determinada para la realización de actividades no habituales o para el lanzamiento de una nueva actividad, siempre que su duración no sea superior a cuatro años.    En relación con lo anterior el artículo 52 de la Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022 determina que, con carácter general, durante el ejercicio 2022, no se ejecutarán programas de carácter temporal de duración determinada para la realización de actividades no habituales de la Administración O para el lanzamiento de una nueva actividad. No obstante, el Consejo de Gobierno podrá autorizar dichos programas temporales en casos excepcionales en los que sean financiados con fondos finalistas o se trate de actividades relacionadas con la presentación de servicios que se consideren absolutamente prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.   Al respecto de la financiación con fondos finalistas, ha de tenerse en cuenta el Reglamento (UE) nº1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, posibilita esta contratación de personal, estando prevista su cofinanciación a través del FEADER en virtud de lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, aprobado mediante Decisión C(2015) 7561 final de 30 de octubre de 2015, de la Comisión Europea.