Acuerdos del Consejo de Gobierno 2 de abril de 2024

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 7 de marzo de 2024 ha calificado favorablemente y admitido a trámite la Proposición de Ley relativa al apoyo y asistencia a las víctimas de terrorismo de Castilla-La Mancha. Expediente 11/PPL-00003, acordando su remisión a Consejo de Gobierno, a los efectos previstos en el artículo 156.2 del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha. 

La proposición de ley regula indemnizaciones complementarias a las aprobadas por la Administración General del Estado, en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. La proposición no cuantifica el gasto que supondría al presupuesto de la Junta de Comunidades para el presente ejercicio incrementar la cuantía de las ayudas reconocidas por la Administración General del Estado. El pago de las indemnizaciones complementarias supone un incremento de gasto sin que se especifique previsión de ingresos por lo que procede la no conformidad a su tramitación.

En virtud de lo establecido en el artículo 110 y siguientes de la Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se eleva el acuerdo por el que se autoriza la modificación de las condiciones relativas al destino del silo de almacenamiento de cereales de Horche (Guadalajara), cedido gratuitamente al Ayuntamiento de dicha localidad, con el fin de destinarlo a usos de carácter cultural, promoción turística del municipio y talleres de formación, para su deliberación por el Consejo de Gobierno.  

El artículo 90.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, exige autorización legal para la concesión de avales, habilitación ésta que se contiene en el artículo 67 de la 11/2023, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024, que permite al Consejo de Gobierno la concesión de avales a las entidades y empresas públicas que forman parte del sector público regional. 

El Decreto 107/2023, de 25 de julio, establece la estructura orgánica y fija las competencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y las funciones que corresponden a los distintos órganos que se integran en la misma. 

Puestas de manifiesto algunas omisiones y errores en el contenido del mismo, se considera necesario realizar una serie de modificaciones con el objeto de perfilar y concretar algunos aspectos de las competencias que tienen asignadas y han de desarrollar los diferentes órganos directivos en que se organiza la Consejería y que permitirán mayor eficacia, eficiencia y agilidad en su desarrollo. 

Las novedades principales residen, por un lado, en una nueva redacción del apartado 7 del articulo 4, al objeto de regular la forma de designación del organismo especializado de control de los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales, incluidos en el concepto de condicionalidad, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI). Asimismo, esta nueva regulación hace precisa la derogación del Decreto 15/2007, de 13 de febrero, por el que se designan organismos especializados para velar por el cuumplimiento de los requisitos legales de gestión y de las buenas condiciones agrarias y medioambientales. 

Por otro lado, habida cuenta de que las competencias y la gestión de las ayudas del PEPAC relacionadas con el Sistema de Conocimiento e Innovación Agrícola (SCIA) reguladas en Reglamento n.º 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) nº. 1305/2013 y (UE) nº. 1307/2013, no tienen el oportuno reflejo en la estructura de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se hace necesario redefinir las mismas, quedando afectados algunos órganos directivos de la Consejería. 

Enlaces relacionados:

Decreto 17/2024, de 2 de abril, por el que se modifica el Decreto 107/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.