Acuerdos del Consejo de Gobierno 18 de febrero de 2020

En desarrollo de la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución que el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se aprobó la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha, dentro del marco normativo básico establecido por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, ha sido incorporada al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, disposición que aprueba los principios generales que deben regir la regulación actual y futura de las actividades de servicios, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Esta última ley ha reformado aspectos sustanciales de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, con el objetivo de reforzar las garantías de los consumidores y usuarios, aumentar la transparencia de los colegios profesionales y suprimir cargas administrativas injustificadas en el ejercicio de las profesiones colegiadas. Entre los aspectos nucleares de la reforma, destaca la atribución al legislador estatal de la competencia para establecer los supuestos de colegiación obligatoria, pues ello ha supuesto que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 69/2017, de 25 de mayo, declare la inadecuación de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, al marco normativo básico vigente en materia de colegios profesionales, por vulneración de las competencias estatales en materia de colegiación.  

Por todo ello, resulta necesario modificar la Ley 10/1999 en todos aquellos aspectos que puedan resultar afectados por la regulación básica vigente en esta materia, y en cumplimiento de lo declarado en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional. 

Enlaces relacionados:

Ley 6/2020, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha.

Se recurre la autorización de este trasvase acordado cuando las existencias efectivas de Entrepeñas y Buendía a fecha 1 de octubre de 2019 estaban en 454,6 hm3, por entender que la regla de explotación del trasvase, establecida en el RD.773/2014, de 12 de septiembre,  ha sido adoptada partiendo de restricciones en la cuenca cedente e incumple el objetivo legal de “dotar de mayor estabilidad interanual a los suministros, minimizando la presentación de situaciones hidrológicas excepcionales a las que se refiere el nivel 3”. 

Adicionalmente se propone la interposición de un recurso indirecto contra el artículo 1 del RD.773/2014, igualmente por incumplimiento del citado objetivo marcado por la Ley 21/2015. 

El Consejo de Gobierno aprueba Decreto por el que se dispone el cese y el nombramiento de un miembro del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, designados por las organizaciones sindicales más representativas de Castilla-La Mancha, en representación de los intereses sociales. 

Tras la designación efectuada por el sindicato UGT, se ha procedido al cese de D. Carlos Pedrosa Serrano, y al nombramiento de Dª. Carmen Campoy Herrera como miembro del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Enlaces relacionados:

Decreto 3/2020, de 18 de febrero, por el que se dispone el cese y el nombramiento de miembros del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, designados por las organizaciones sindicales más representativas de Castilla-La Mancha, en representación de los intereses sociales.