Acuerdos del Consejo de Gobierno

Con el fin de responder a la necesidad de atender en la Oficina de Proyectos Europeos en Toledo, el incremento de funciones, la complejidad técnica de las actuaciones desarrolladas y los objetivos estratégicos del Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de participación y captación de fondos europeos, y a la necesidad manifestada en las múltiples reuniones mantenidas con asociaciones, instituciones y empresas de un mayor acercamiento presencial en su proceso de acompañamiento para que puedan formar parte de consorcios europeos que puedan optar a la financiación de proyectos que proporcionen recursos adicionales a la región y una mayor visibilidad en el entorno europeo. 

La competencia para la declaración de la urgente ocupación corresponde al Consejo de Gobierno Regional, de conformidad el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, y la decisión del Consejo de Gobierno debe adoptar la forma de Acuerdo, a tenor del artículo 37.1 letra f) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Consejo de Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 21.h) 2º de la Ley 5/2025, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026, precisan autorización previa del Consejo de Gobierno los actos o negocios jurídicos de la sección 61 “Servicio de Salud de Castilla-La Mancha” cuando el gasto cuya aprobación conlleve sea superior a 5.000.000,00 de euros. El importe asciende a 7.702.916,32 € (presupuesto base de licitación).
Al amparo del artículo 58.4 Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, se precisa autorización previa del Consejo de Gobierno para la celebración de este contrato administrativo, con un valor estimado de 11.537.042,29 €, superando así el umbral establecido en dicho artículo de 5.000.000,00 €.

2.1.- Autorización previa de Consejo de Gobierno de actos o negocios jurídicos que conlleven la aprobación de un gasto, en este caso, por importe de 5.298.068,13 €, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 5/2025, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026. 
2.2. Autorización previa de Consejo de Gobierno para la celebración del contrato, al amparo del artículo 58.4 Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,, con un valor estimado de 7.503.637,91 € 
Referido al expediente siguiente: 
“SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN” 

a)    Valor estimado del contrato: 7.503.637,91 €
b)    Aplicación presupuestaria: 61031100 G/412D/22700
c)    Anualidades: (incluyen modificación al alza 5% art. 309 LCSP)

Autorización previa de Consejo de Gobierno de actos o negocios jurídicos que conlleven la aprobación de un gasto, en este caso, por importe de 1.105.000,00 euros, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 5/2025, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026, referido al expediente de contratación “2026/037205 Suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de dos equipos de tomografía computerizada helicoidal multicorte y equipamiento asociado para los Servicios de Radiología del nuevo Hospital de Puertollano y del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo”.

A consecuencia de los graves incendios forestales de Castilla-La Mancha, la red de comunicaciones rurales ha sufrido daños críticos de extrema gravedad. Así, en el caso de los incendios acontecidos en La Mierla (Guadalajara) y Burgohondo (Avila) que ha afectado al término municipal de La Iglesuela (Toledo), que han calcinado superficies superiores a 500 ha y han requerido el tránsito de vehículos pesados de extinción, se han destruido firmes, cunetas, obras de fábrica y elementos de señalización, provocando el colapso de múltiples accesos viarios.  
Ante la situación de emergencia debida, por un lado, al aislamiento de extensas áreas agrícolas y ganaderas que se ha originado en varios términos municipales tras dichos incendios, y de otro al grave peligro que provoca la destrucción e inhabilitación de gran número de caminos rurales con la consiguiente situación de peligrosidad para las personas que tienen la necesidad de utilizar estas vías, procede declarar la emergencia para comenzar inmediatamente las acciones de reparación que permitan restaurar la normalidad del tránsito y garantizar la seguridad vial.  
La ejecución de los trabajos referidos se encuentra comprendida dentro de las funciones del Grupo TRAGSA, de conformidad con la Disposición Adicional Vigésima Cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señalando entre sus funciones la prestación de servicios esenciales en materia de desarrollo rural, mantenimiento de infraestructuras y atención a emergencias.  
En virtud de lo expuesto, el 5 de agosto de 2026, se declaró la emergencia, prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la ejecución inmediata, por la empresa TRAGSA, por un importe estimado de un millón de euros (1.000.000,00 €), de los trabajos de emergencia en infraestructuras de caminos rurales por los daños provocados por los incendios forestales ocurridos, debido al grave peligro real y potencial que supone el estado actual de las vías afectadas y el riesgo inminente para las personas.  

El Consejo de Gobierno aprueba el Decreto por el que se regula la inspección de educación en Castilla-La Mancha.  
El decreto tiene por objeto regular las funciones y atribuciones de la Inspección de Educación, así como la organización y funcionamiento, la formación y la evaluación. Asimismo, regula los mecanismos de acceso, movilidad y provisión de puestos de trabajo de la Inspección de Educación. 
El decreto incorpora las novedades derivadas de los cambios normativos producidos tras la entrada en vigor del Decreto 34/2008, de 26-02-2008, por el que se establece la Ordenación de la Inspección de Educación de Castilla-La Mancha, que se deroga. 
Estos cambios normativos derivan fundamentalmente de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y del Real Decreto 2193/1995 de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas básicas para el acceso y la provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educación y la integración en el mismo de los actuales Inspectores y establece un nuevo marco de referencia.  

El Consejo de Gobierno autoriza la exención total del pago de los precios públicos correspondientes a las asignaturas matriculadas durante el segundo año de permanencia en la titulación de estudios de grado y doble grado de la universidad de Castilla- La Mancha y la Universidad de Alcalá, para el campus de Guadalajara, para el estudiante que haya obtenido premio extraordinario o matrícula de honor en bachillerato, o en otras enseñanzas postobligatorias que permitan el acceso a estudios universitarios cuando el reconocimiento se haya obtenido en un centro ubicado en Castilla-La Mancha. 

Se beneficiarían de esta medida unos 211 alumnos , con un coste estimado de 201.000 euros . 

El Consejo de Gobierno acuerda tomar en consideración y mostrar su conformidad a la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha, por el procedimiento de urgencia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, expediente 11/PPL-00017.

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar el Decreto por el que se regulan los procedimientos de autorización y comunicación y los requisitos técnicos que deben cumplir los puntos limpios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Autorizar al Gabinete Jurídico, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para que se persone como acusación particular, en las diligencias previas del procedimiento abreviado seguidas ante la Plaza nº 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valdepeñas (Ciudad Real), por la presunta comisión de un delito relativo a la protección de la fauna, como consecuencia de la muerte de un ejemplar de lince ibérico, en una finca sita en el término municipal de Viso del Marqués (Ciudad Real). 

El Consejo de Gobierno acuerda estimar el recurso de reposición interpuesto por I-de Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 4 de noviembre de 2025, del procedimiento sancionador SA 7/2025 (SANCI 24/231001/000125), por el que se impone una sanción de multa por importe de 240.000€, una indemnización de 78.480€ y una medida complementaria de obligación de adaptar la línea causante de la electrocución, anulando la resolución sancionadora.