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Las Cortes regionales de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley 7/2003, de 13 de marzo, del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, que regula su naturaleza, composición y funciones.    El artículo 13.1 de la Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha dispone que el Consejo Social elaborará su propio Reglamento de Régimen Interior. El pleno del Consejo Social aprobó el 18 de febrero de 2005 el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, que en su artículo 10 establece la composición del mismo: estará integrado por 19 miembros, incluido el presidente o presidenta, seis miembros en representación del Consejo de Gobierno de la Universidad y 13 en representación de los intereses sociales.    Dentro de los 6 primeros son vocales natos el Rector, el Secretario General y el Gerente de la Universidad, y serán elegidos de entre sus miembros un profesor, un estudiante y un representante del personal de Administración y Servicios.    Por parte de los intereses sociales de la región seis serán designados por el gobierno de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, tres por parte de las Cortes y otros seis designados por las entidades empresariales, las sindicales y la federación de municipios y provincias a razón de dos cada uno.    Los miembros de la representación social tienen un mandato de 4 años, pudiendo ser prorrogados una sola vez, acabarán también su representación cuando dejen de ostentar el cargo por el cual tienen la representación, o a propuesta de sus respectivas organizaciones como es el caso.    Corresponde al gobierno regional el nombramiento del presidente y de todos sus miembros.   Enlaces relacionados:   Decreto 25/2023, de 21 de marzo, por el que se dispone el cese y el nombramiento de un miembro del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, en representación del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el sector de los estudiantes.

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España, concretamente formando parte del Componente 5 “Preservación del litoral y recursos hídricos”, se ha incluido asociado a la inversión Nº2 “Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación” el hito 77 del PRTR, que insta a restaurar, al menos, 200 kilómetros de cauces y riberas y proteger a 40.000 habitantes del riesgo de inundación en España. Para alcanzar este hito, se dispone en el PRTR, además de fondos a ejecutar por la Administración General del Estado a través de las Confederaciones Hidrográficas, dos líneas de financiación destinadas tanto a las Comunidades Autónomas a través de reparto en Conferencia Sectorial como a la administración local a través de una Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva por la Fundación Biodiversidad.     En el caso concreto de la línea de financiación destinada a las Comunidades Autónomas, en la conferencia sectorial de Medio Ambiente de 20 de junio de 2022 se han asignado a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para realización de actuaciones de protección y adaptación al riesgo de inundación e integración ambiental en núcleos urbanos, la cantidad de 4.207.640,00 euros.    En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.5 de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) correspondiente a 2021, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha recibido solicitudes presentadas por los municipios de Castilla-La Mancha para esa convocatoria por parte de la Junta de Castilla-La Mancha y la Fundación Biodiversidad, obteniendo el municipio de Cebolla la máxima puntuación por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, estimándose en base a la calidad del proyecto presentado y por la cantidad de episodios de inundaciones ocurridas en los últimos 5 años, así como los costes económicos ocasionados. En concreto, en los últimos años, el municipio de Cebolla ha sufrido numerosos episodios de inundaciones, siendo los más recientes las acontecidas el 21 de abril de 2011, el 3 de julio de 2014, el 30 de agosto de 2015, el 25 de febrero y 7 de julio de 2016, el 5 de julio y 29 de agosto de 2017 y la última y más peligrosa, la del 8 de septiembre de 2018, que supuso un gran coste material y riesgo para las vidas humanas.

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM), en el marco de las competencias de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, tiene atribuido el ejercicio de diversas y concretas funciones, recogidas todas ellas en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, entre las que se encuentra las de “ejecutar, contratar y gestionar obras y servicios”.    El objeto principal es la realización del ENCARGO AL MEDIO PROPIO TRAGSA, S.A PARA LOS SERVICIOS DE PUESTA EN MARCHA DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.   Dicho encargo tiene un presupuesto de 2.442.261,11 € (sin sujeción a IVA) debiendo recabarse previamente, en cumplimiento de las previsiones del art. el art. 21 de la Ley 9/2022, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023, autorización del Consejo de Gobierno, a través de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. 

Por parte de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha se está tramitando el procedimiento cuyo objeto es convocar ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del Programa Operativo de Castilla-La Mancha 2021-2027.    El gasto previsto asciende a 10.000.000 euros, por lo que es preceptivo que el Consejo de Gobierno autorice previamente la aprobación de la convocatoria al superar el límite de 5.000.000,00 €, fijado en el artículo 58.4.a) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. 

El Consejo de gobierno aautoriza el convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad de Alcalá para la financiación de las actuaciones relativas a la construcción del nuevo campus de Guadalajara en el periodo  2022 -2026, con una aportación máxima total de 44.500.000 de euros, imputada a la aplicación presupuestaria 1803G/422C/72205, con la siguiente distribución por anualidades: 

 

2023:   5.000.000 €

2024: 18.000.000 €

2025: 15.000.000 €

2026:   6.500.000 €

La Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Toledo pretenden suscribir un Convenio de Colaboración cuyo objeto consiste en atender a las necesidades de familias con hijos menores a su cargo que se encuentren en situación de necesidad o vulnerabilidad infantil, en la provincia de Toledo.    El convenio tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2023 y podrá prorrogarse por períodos anuales, hasta un máximo de 4 años, mediante adenda, si las dos partes firmantes así lo acordaran antes de su finalización.

Se aprueba el proyecto de Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la entidad “Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha”, para la gestión de ayudas económicas dirigidas a las personas participantes en el proyecto piloto “Construir, para volver a ser”, por importe total de 2.033.000,00 euros.    Este proyecto de Decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, sociales y humanitarias, de una subvención a la entidad “Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha”   (en adelante EAPN Castilla-La Mancha), para la gestión de ayudas económicas dirigidas a las personas que participan en el proyecto piloto “Construir, para volver a ser” con el objeto de facilitar  el desarrollo del itinerario de inclusión social, y que se concretan en las siguientes:     a) Prioritariamente, personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital que están en intervención en servicios sociales, así como sus unidades de convivencia. b) Personas que perciban el Ingreso Mínimo de Solidaridad con dificultades especiales de acceso al empleo, así como sus unidades de convivencia. c) Personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en desempleo o con dificultades de empleabilidad, así como sus unidades de convivencia. d) Personas que han salido del sistema de protección de menores al cumplir la mayoría de edad, con dificultades de empleabilidad, así como sus unidades de convivencia.   Las actuaciones se concretarán en la gestión de ayudas económicas de carácter individual que faciliten el desarrollo del itinerario de inclusión social, dirigidas a las unidades de convivencia que participan en el proyecto piloto.    Enlaces relacionados:   Decreto 26/2023, de 21 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la entidad Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha para la gestión de ayudas económicas dirigidas a las personas participantes en el proyecto piloto: Construir, para Volver a Ser, financiada a través del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia.

La Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 9/2022, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023, autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que pueda declarar, por razones de interés público, otras actuaciones de emergencia ciudadana distintas de las previstas en el anexo V.    El Acuerdo tiene por objeto declarar como nueva actuación de emergencia ciudadana los créditos destinados a la financiación de un programa temporal de refuerzo de Equipos de Atención Primaria de Servicios Sociales dependientes de la Dirección General de Acción Social, dentro de la Consejería de Bienestar Social, en base a lo que se establece en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que se financiará con cargo a las partidas presupuestarias 27050000 G/313A/12007, 27050000 G/313A/12007, 27050000 G/313A/12107 y 27050000 G/313A/16000.    Esta medida afectará en sentido positivo a los niños, niñas y adolescentes de nuestra Región. También resultarían beneficiados los profesionales necesarios para el cumplimiento de los objetivos señalados, 48 funcionarios interinos: 24 Psicólogos/as, 13 Trabajadores/as Sociales y 11 Educadores/as Sociales.   Enlaces relacionados:   Ley 9/2022, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023. 

La Delegada Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete precisa que se convalide/subsane la omisión del trámite de fiscalización previa de la adjudicación en la fase del compromiso del gasto del contrato relativo al suministro de una lavadora industrial para la Residencia de Mayores del Paseo de la Cuba, en Albacete, por importe de 35.768,81 euros; resolviendo a favor de la continuación del expediente en sus fases de reconocimiento de la obligación y tramitación del pago que procedan, y sin perjuicio de su correspondiente intervención.    Habiéndose omitido la fiscalización previa de la adjudicación en la fase del compromiso del gasto, deberá procederse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, a cuyo tenor, en los supuestos en los que la función interventora fuese preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago ni intervenir favorablemente estas actuaciones, hasta que el Consejo de Gobierno adopte decisión al respecto, previo informe de la Intervención General.