Aprobación por Consejo de Gobierno del Plan Integral de Garantías Ciudadanas de Castilla– La Mancha.
En fecha 12 de enero de 2017 se elevó a Consejo de Gobierno el “Informe sobre el Plan Integral de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, así como sobre el inicio del proceso participativo y de consulta con agentes sociales y organizaciones de la sociedad civil”.
El Decreto 80/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según redacción dada por el Decreto 56/2017, de 23 de agosto, atribuye a un Consejero o Consejera la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas.
El Plan Integral de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, se presenta con una vocación integral e integradora. Trata de condensar en un solo Plan los diferentes programas, aspectos, principios y procedimientos esenciales para que la Administración y el Gobierno de Castilla-La Mancha contemple de forma general y conjunta tales derechos y objetivos, superando la anterior dispersión y desconexión en las políticas sociales. La Administración de Castilla-La Mancha está comprometida con la efectividad de la prestación de servicios públicos y reforma del sistema de protección social, manteniendo y profundizando el enfoque basado en derechos.
En lo concerniente al enfoque integral e integrador que orienta este Plan, éste se materializa tanto en el objeto y ámbito de aplicación del mismo como en los procedimientos establecidos. De una parte, su carácter integral se expresa en que este Plan no circunscribe su actuación a un único servicio o prestación para garantizar el mínimo vital, sino que abarca las distintas circunstancias para el cumplimiento de este derecho, tales como, la garantía de suministros básicos del hogar, la renta garantizada, el empleo o la garantía habitacional. Con ello pretende abordar la pluralidad de causas y efectos de la pobreza y la exclusión social con una visión global del problema respecto de las fuentes.
Por su parte, el enfoque integrador de este Plan busca poner a la persona en el centro de la acción pública, y responde a la necesidad de dar respuesta al hecho de que el fenómeno de la pobreza, por su naturaleza compleja, requiere, para su tratamiento del concurso de múltiples actuaciones para atender otros tantos aspectos de la misma. Por ello, el Plan Integral de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha busca su mayor efectividad tratando de aprovechar la sinergia resultante de la conjugación de diversos instrumentos propios de una política social moderna y coherente con los modelos vigentes en la Unión Europea y los convenios internacionales.
Desde el punto de vista orgánico-institucional el Plan de Garantías Ciudadanas compromete a distintos departamentos y desde el punto de vista administrativo se plantea de acuerdo a criterios de reordenación de recursos y simplificación de la gestión para promover una mayor eficacia conjunta de las respuestas de las administraciones públicas a las situaciones de necesidad de la ciudadanía.
Para la consecución de la finalidad descrita, se contará con un Registro en soporte electrónico, habilitado específicamente para la gestión administrativa y simplificación en la tramitación de las ayudas y prestaciones.
La mejora de las condiciones de vida de las ciudadanas y los ciudadanos de Castilla-La Mancha se debe erigir como un tema político nuclear para el Gobierno de Castilla-La Mancha y el resto de actores políticos, agentes sociales y organizaciones de la sociedad civil. Por ello, este Plan de Garantías Ciudadanas se someterá a participación y consulta de agentes sociales y organizaciones de la sociedad civil, así como con el respaldo parlamentario, en el camino a su elevación como norma jurídica con rango legal. El presente Plan constituye una primera experiencia evaluable a lo largo del año 2017, de cara a dimensionar una política pública y social eficaz en la materia, que permita establecer criterios de realidad, que se materialicen en la futura Ley Integral de Garantías Ciudadanas.