Acuerdos del Consejo de Gobierno 15 de junio de 2021

El Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de ayudas a personas trabajadoras encuadrados en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, tanto para el desplazamiento desde su domicilio de residencia habitual hasta el lugar de realización de la actividad agraria como para el alojamiento en el término municipal donde se sitúa dicha actividad, dentro del ámbito territorial de Castilla-La Mancha. 

Las subvenciones recogidas en el presente decreto tienen como finalidad favorecer la contratación de mano de obra en el sector agrario que, como consecuencia de la crisis económica originada por el COVID-19, han perdido su puesto de trabajo.   

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en el Decreto, las personas trabajadoras encuadradas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.  

Son gastos subvencionables los gastos realizados por el desplazamiento de la persona beneficiaria desde el municipio de su domicilio de residencia habitual a un municipio distinto de Castilla-La Mancha donde realice la actividad agraria, en los días efectivos de trabajo. El desplazamiento podrá realizarse en transporte público o en vehículo particular. 

También pueden ser subvencionables los gastos realizados por el alojamiento de la persona beneficiaria durante el periodo de duración del contrato de trabajo en un municipio situado, como máximo, en un radio de 50 kilómetros del lugar donde se realiza la actividad agraria, siempre que sea distinto al de su domicilio de residencia habitual. 

La cuantía de las ayudas por la totalidad de los gastos subvencionables indicados, será como máximo de 450 euros por mes y por persona beneficiaria, en función de los gastos que se justifiquen. 

Las subvenciones se otorgarán en régimen de concesión directa, destinándose para el ejercicio 2021 una partida presupuestaria por importe de 500.000 euros. 

Enlaces relacionados:

Decreto 71/2021, de 15 de junio, por el que se regulan las ayudas destinadas a favorecer el empleo en las campañas agrarias de Castilla-La Mancha.

El artículo 57.1.a) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, atribuye al Consejo de Gobierno la competencia para autorizar las transferencias de crédito entre programas correspondientes a distintos grupos de función, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y a iniciativa de las Consejerías afectadas. 

Corresponde al Consejo de Gobierno su autorización, previa incorporación al expediente del informe de la Dirección General de Presupuestos y del documento contable firmado por la Intervención General. 

De conformidad con el artículo 52 de la Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021, el Consejo de Gobierno podrá autorizar programas temporales cuando dichos programas sean financiados con fondos finalistas, cuando se trate de planes de empleo aprobados por la Administración Regional y cuando se trate de actividades relacionadas con la prestación de servicios que se consideren absolutamente prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

De acuerdo con su apartado 2, el nombramiento de personal funcionario interino para la realización de programas temporales requerirá, con carácter previo, los informes de la Dirección General de la Función Pública y de la Dirección General de Presupuestos. 

Emitidos ambos informes en sentido favorable, se eleva esta propuesta para su autorización por el Consejo de Gobierno. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

En este Decreto se flexibilizan las medidas contenidas en el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, afectando entre otros sectores al de la  hostelería y ocio nocturno, debido a la evolución favorable de la pandemia de COVID-19 en Castilla-La Mancha. 

Enlaces relacionados:

Decreto 73/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Con fecha 28 de abril de 2011 la Dirección General de Desarrollo Rural concedió una ayuda por un importe de 426.028,58 € (de un presupuesto subvencionable de 1.989.587,75 €) a COLEFRUSE INTERNACIONAL, S.A., en adelante COLEFRUSE, para la ejecución del proyecto de inversión denominado “Ampliación y modernización de la planta industrial, Colefruse 2010”. Tras la presentación de la correspondiente cuenta justificativa se aprobó el 21/12/2015 el pago del importe justificado, que ascendía a 374.764,57 €.

En el ámbito de la fiscalización del Tribunal de Cuentas Europeo en el contexto de la declaración de fiabilidad relativa al ejercicio 2016 (DAS 2016), el órgano europeo consideró que en función de la documentación aportada por el interesado no quedaba acreditada la existencia de un único proveedor en relación con determinadas inversiones para la transformación de almendras, entendiendo también inexistente la moderación de costes en relación con el equipamiento informático subvencionado. En tal sentido, concluyó que la documentación aportada por el interesado y los controles administrativos de las ofertas, no permitieron acreditar la moderación de costes, estimando que se había percibido una ayuda para la adquisición de equipos cuyos costes no fueron comparados mediante 3 ofertas de proveedores independientes, por lo que debía descontarse la ayuda de dichos equipos. En virtud de la fiscalización del Tribunal de Cuentas Europeo se impuso a la solicitante un reintegro parcial por importe de 317.028,76 euros contra el que se impuso recurso contencioso administrativo. 

En la demanda se argumenta que el procedimiento de reintegro sustanciado no resulta conforme a derecho, y ello, porque la resolución que se sustenta en el artículo 20.2 de la Orden de bases reguladoras y en el artículo 37.1.b) e i) de la Ley General de Subvenciones, sin que se den en el expediente los supuestos de hecho habilitantes referidos. Asimismo, afirma que el informe definitivo del Tribunal de Cuentas Europeo no puede constituir causa de reintegro. 

En definitiva, considerando que se debería haber seguido el procedimiento establecido en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, por concurrir una causa de invalidez de la resolución de concesión, que admitió como subvencionables unas inversiones, sin moderación de costes acreditada, y ello, porque tanto la documentación aportada por el interesado, como los controles administrativos de las ofertas no acreditaron que los costes de las inversiones estuvieran correctamente moderados, al concurrir en el acto de concesión un vicio de invalidez, el órgano concedente debió proceder a su revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación, tal y como preceptúa el artículo 36.3 de la ley citada.  

La Comisión Europea, mediante su Decisión de Ejecución (UE) 2016/1059, de 20 de junio (Decisión Ad Hoc nº 51) excluyó de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por el Reino de España, por no ajustarse a las normas comunitarias, en relación con las debilidades encontradas en el marco de las ayudas por superficie debido a la inadmisibilidad de los pastos permanentes.  

En aplicación del artículo 5.3 y de la Disposición adicional quinta apartado primero del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, se determinó que la responsabilidad del Organismo pagador de Castilla-La Mancha ascendía a 32.092.239,07 euros, en cuanto a la inadmisibilidad de los pastos permanentes. A instancia del Reino de España el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la Sentencia T-459/16, de 29 de noviembre de 2018, anuló parcialmente la Decisión de ejecución (UE) 2016/1059. Teniendo en cuenta el sentido de la sentencia, la Comisión Europea publicó la Decisión de ejecución (UE) 2019/1835, de 30 de octubre de 2019 (Ad Hoc nº 61), en cuya virtud la corrección financiera total de FEAGA en relación con la inadmisibilidad de los pastos permanentes ascendía a 90.724.114,48 euros.

En virtud de la última decisión, se instruyó procedimiento de responsabilidad financiera que finalizó por Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020, imputando íntegramente la responsabilidad financiera al Organismo pagador de Castilla-La Mancha, por un importe de 17.264.910,04 euros.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha presentó requerimiento previo frente al Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020, en base al artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, solicitando la anulación del citado acuerdo, por no concurrir los supuestos para la imputación de responsabilidad financiera al Organismo pagador de Castilla-La Mancha y, subsidiariamente, para el caso de que no proceda la estimación de la primera pretensión, que a la vista de las sentencias del Tribunal Supremo nº 1538/2020, de 18 de noviembre de 2020, y nº 1563/2020, de 19 de noviembre de 2020, recaídas en recursos contencioso-administrativos interpuestos por las Comunidades Autónomas de Extremadura y Cantabria, se estime, al igual que en esos pronunciamientos, que la responsabilidad financiera era concurrente al 50% entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de abril de 2021 estima parcialmente el requerimiento previo formulado, asumiendo la Administración General del Estado la existencia de responsabilidad concurrente entre las administraciones públicas implicadas, por lo que la corrección de las ayudas por superficie por la inadmisibilidad de los pastos permanentes, se cuantifica para Castilla-La Mancha en 8.632.455,02 euros, asumiendo el 50% restante la Administración General del Estado.

Al superar el importe de gasto la cifra de 750.000 euros, se precisa la autorización del Consejo de Gobierno, según dispone el artículo 21 de la Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha para 2021, por lo que procede la elevación del expediente al citado órgano.

El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Centro Integrado de Formación Profesional “Nº 1”, que se adscribe a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y queda inscrito en el Registro General de Centros con el código con el código 16010042. 

Inicialmente la oferta de enseñanzas es la siguiente: 

a) Enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo correspondientes a las siguientes familias profesionales: Electricidad y Electrónica, Hostelería y Turismo, e Instalación y Mantenimiento.

b) Formación Profesional para el empleo. Se impartirán acciones formativas de inserción, reinserción laboral y formación permanente en el ámbito de las mencionadas familias profesionales.

Enlaces relacionados:

Acuerdo de 15/06/2021, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Centro Integrado de Formación Profesional Número 1 en la localidad de Cuenca, por desglose del Instituto de Educación Secundaria San José del mismo municipio.

Persistiendo la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la adopción de medidas por parte de los órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para hacer frente a la misma justifica la necesidad de actuar de manera inmediata al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP en adelante). 

Al amparo de ello, las declaraciones de emergencia en contrataciones realizadas por la Consejería de Bienestar Social para hacer frente al COVID-19, en el ámbito de sus competencias, los días 2 de marzo y 21 de abril de 2021, son las siguientes: 

1. Acuerdo de fecha 2 de marzo de 2021, de la Secretaría General, por el que se contratan los servicios de 10 plazas residenciales para la atención de personas afectadas por COVID-19 en la Residencia de mayores de gestión privada “EMERA” en Guadalajara, durante 60 días, del 2 de marzo al 30 de abril de 2021, ambos días incluidos.

Importe: 39.898,56 € (IVA incluido al 4%).

Adjudicatario: WSENIOR ASISTENCIA INTEGRAL 1, S.L.

Partida presupuestaria: 27049900G/313D/24502 (FPA0001125).

2. Acuerdo de fecha 21 de abril de 2021, de la Secretaría General, por el que se contratan los servicios de 20 plazas residenciales para la atención de personas afectadas por COVID-19 en la “Residencia de Mayores Villacañas” en Villacañas (Toledo), durante 30 días, del 21 de abril al 20 de mayo de2021, ambos días incluidos. Importe: 39.898,56 € (IVA incluido al 4%).

Adjudicatario: CENTRO TERCERA EDAD SAN BARTOLOMÉ, S.L.

Partida presupuestaria: 27049900G/313D/24502 (FPA0000001125).

El Consejo de Gobierno acuerda autorizar: 

Primero: La suscripción del “Convenio entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Diputación Provincial de Guadalajara, para la ejecución de las operaciones de la submedida 8.3 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha “Prevención de daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes” en lo que respecta a actuaciones de mantenimiento y adecuación de caminos para la prevención de incendios forestales en la provincia de Guadalajara”. 

Segundo: La “Orden de encargo de la Consejería de Desarrollo Sostenible a la empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa) para las obras de “Mantenimiento y adecuación de caminos para la prevención de incendios forestales en la provincia de Guadalajara”, encuadradas en la submedida 08.3 del programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha 2014-2020”, derivada del convenio arriba referenciado, y el gasto de la Consejería de Desarrollo Sostenible por importe global de tres millones trescientos setenta mil ochocientos siete euros con cincuenta y cinco céntimos (3.370.807,55 €), correspondiente a la citada orden de encargo. 

Enlaces relacionados:

Resolución de 13/07/2021, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Diputación Provincial de Guadalajara, para la financiación de las actuaciones de mantenimiento y adecuación de caminos para la prevención de incendios forestales en Guadalajara.