A preguntas de los periodistas sobre financiación, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha señalado que tanto el concierto para el País Vasco como el convenio con Navarra están amparados por la Constitución, mientras que establecer un mecanismo como el que se quiere aprobar para Cataluña pone de manifiesto “privilegios” para una comunidad en detrimento del resto de las de Régimen Común, así como para el Estado. Según algunos cálculos, ha expresado, el Estado dispondría de unos 30.000 millones de euros menos para ejercer políticas que le corresponden en cuanto a la redistribución de la renta y a la cohesión territorial.