Toledo, 20 de febrero de 2024.- El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha remitido una carta a la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que urge “poder disponer cuanto antes de la actualización de las normas reguladoras del Acueducto Trasvase Tajo-Segura para que la normativa sobre esta infraestructura se adecue a la nueva planificación”.
 
Como ha explicado Gómez, “hace poco más de un año, el pasado 10 de febrero de 2023 entraron en vigor los planes hidrológicos de competencia del Estado, como el del Tajo, y según recoge la disposición final segunda del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero en el plazo de doce meses el Ministerio tendría que someter al Consejo Nacional del Agua una actualización del Real Decreto (773/2014), que regula las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura”.
 
En este sentido, la consejera ha señalado que “estamos preocupados ante la falta de información sobre el resultado de los informes técnicos solicitados por ese Ministerio al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y que, no solo son necesarios para los ajustes que hayan de realizarse en las normas de explotación, sino que además tenemos mucho que decir”.
 
“En Castilla-La Mancha sabemos la importancia y la necesidad de tomar una decisión escuchando a todas las partes, pero eso no puede servir para retrasar una modificación que debe hacerse cuanto antes, como recoge la Ley que obliga a cumplir con los caudales mínimos establecidos en el Plan Hidrológico del Tajo”, ha dicho.
 
En este sentido, “este Gobierno acoge positivamente la futura reunión técnica entre Ministerio y comunidades autónomas, allí estaremos, participaremos y aportaremos”. Y, con ello, ha enfatizado que “en esa reunión no se tenga en cuenta la petición de cambiar los caudales ecológicos como ayer adelantó la ministra, ya que están aprobados y no hay vuelta atrás pese al recurso de comunidades como Valencia y Murcia”.
 
Así ha vuelto a recalcar que esta región es "solidaria y lo lleva siendo muchos años, pero Castilla-La Mancha tiene necesidad de agua y este Gobierno no va a dejar pasar la oportunidad de arreglar la situación existente”.
 
Hitos conseguidos por Castilla-La Mancha
 
La consejera Mercedes Gómez ha recordado que el Gobierno castellanomanchego liderado por el presidente García-Page ha conseguido dos importantes hitos, empezando por la implantación de los caudales ecológicos en varios tramos del río y que están permitiendo la recuperación de unos niveles aceptables, “pero no suficientes”. Aunque, como ha recordado, desde mayo de 2023 la Confederación Hidrográfica del Tajo "no publica los datos correspondientes a los caudales ecológicos”, solicitando una mayor transparencia.
 
Y también impulsado por el Gobierno regional, se consiguió una modificación de la regla de explotación que ha supuesto una reducción del 29 por ciento, de 38 a 27 hectómetros cúbicos mensuales, de los trasvases cuando los embalses de cabecera se encuentran en nivel dos de "normalidad". Ha recordado que en 2013 fueron Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y María Dolores de Cospedal en la región, quienes “blindaron el trasvase en detrimento de los intereses de esta región".
 
Que se cumpla la planificación hidrológica del Tajo vigente
 
Por tanto, ha dicho Gómez, “en Castilla-La Mancha aspiramos a que se cumpla la planificación hidrológica vigente y que se implante progresivamente hasta 2027 el régimen de caudales ecológicos propuesto y que, con todo ello, se hagan unas nuevas normas de explotación del ATS de los excedentes del Tajo acorde con la nueva planificación, sin disminuir nuestros recursos y las disponibilidades de la cuenca cedente”.
 
En este contexto, ha criticado “las lecciones que quieren dar tanto Valencia, como Murcia y Andalucía, que siguen pidiendo agua del Tajo”, pues según un informe de la Universidad de Alicante, publicado por El País, “son esos territorios los que tienen un mayor derroche en el uso de agua para regadío, que no son capaces de comercializar sus producciones, tirando a la basura unos 20,8 hectómetros cúbicos de agua en el caso de Valencia, 17,3 hectómetros cúbicos en Murcia y otros 11,6 en Andalucía, lo que supone desperdiciar 48 hectómetros cúbicos al año equivalente a casi el doble de un trasvase mensual de 27 hectómetros cúbicos en régimen de normalidad”.
 
“En Castilla-La Mancha necesitamos esa agua para beber, para nuestro desarrollo y para la protección de los espacios naturales. Hasta ahora nadie habla del daño ecológico que provoca no solo en el entorno de los embalses de cabecera, sino en toda la cuenca del Tajo”, ha recalcado, enfatizando que en esta región “no queremos renunciar a nuestras masas forestales, ni tampoco a nuestros espacios naturales porque ofrecen riqueza a nuestros municipios en zonas con riesgo de despoblación pues el agua es un elemento fundamental para estas comarcas”.
 
Activación del Júcar-Vinalopó
 
Por último, la consejera se ha referido a la activación del trasvase Júcar-Vinalopó que está provocando una restricción de 49 hectómetros cúbicos al año sin tener ninguna consideración técnica a La Mancha oriental. “También es un atropello del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que demuestra una vez más que solo quieren agua para ellos y su regadío”, ha señalado.
 
Por todo ello, ha dicho que “es necesario hablar y modificar las reglas que tengan en cuenta la necesidad clara de los territorios; que se piense más en las personas, en la protección ambiental y de cara al futuro porque el cambio climático es implacable, ya que vemos que cada vez vamos a tener menos capacidad de contar con un recurso como el agua”.