El consejero ha aseverado que se trata de “dar respuesta a las demandas de la sociedad”, al tiempo que se hacen compatibles los intereses legítimos de quienes desarrollan una actividad económica legal con la protección de la población más vulnerable. Como poderes públicos, ha continuado, la obligación es abogar por un “juego moderado, no compulsivo y responsable”. Igualmente, se ha referido al a contribución desde el Ejecutivo autonómico a reducir los problemas de salud pública, reiterando la prioridad de la “protección de la ciudadanía”.