Castilla-La Mancha muestra su satisfacción por la “fructífera” reunión sobre financiación autonómica para buscar “posiciones comunes”
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha hecho hincapié en que para hablar de financiación hay que hablar del coste real que supone a las autonomías prestar los servicios públicos fundamentales y ha destacado que “no es lo mismo prestarlos en una ciudad que en una zona rural”, por lo que ha subrayado la necesidad de hacer efectivo el principio de igualdad.
Ruiz Molina ha explicado que, para hacer frente al problema de la despoblación, unas comunidades autónomas tienen que incurrir en costes superiores a otras que no tienen estas características. Por tanto, ha matizado, el reto demográfico “supone incurrir en gastos para los cuales no tenemos la suficiente financiación”.
Toledo, 24 de noviembre de 2021.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su satisfacción por el documento firmado por ocho comunidades autónomas en Santiago de Compostela, en una reunión que ha definido como “fructífera y muy positiva” y en la que “se trataba de sumar posiciones comunes que nos van a permitir afrontar el nuevo modelo de financiación autonómica”.
De este modo se ha pronunciado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, donde además de dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con este departamento, ha hecho un balance del encuentro celebrado ayer en Galicia.
Ruiz Molina ha asegurado que el documento firmado en Santiago “suma en los aspectos que consideramos fundamentales” y ha detallado que se abordaron tres aspectos: financiación autonómica, demografía y fondos europeos.
Abordar el nuevo modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
En cuanto a financiación autonómica, el consejero ha defendido la “multilateralidad” y ha dicho que “el nuevo modelo debe abordarse donde corresponde, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera”. Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de “ponderar los criterios demográficos con el propósito de acercar la financiación de cada comunidad autónoma al coste real que le supone prestar, al menos, los servicios públicos fundamentales a toda la población, con independencia de donde resida”.
“Esto debe ser independiente de la capacidad de cada autonomía para generar ingresos tributarios”, ha indicado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, quien ha recordado que “los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios”. De igual manera, ha defendido la “suficiencia” y ha remarcado que “se ha constatado la necesidad de contar con mayores recursos para cubrir el déficit de financiación que ahora padecemos”.
En este contexto, ha subrayado que, en sanidad, se está de acuerdo en ponderar adecuadamente los diferentes grupos de edad, incluyendo la creación de nuevos tramos (85 años); reclamar un pacto nacional para promover la oferta necesaria de profesionales sanitarios en el ámbito de la Atención Primaria; y crear un catálogo de servicios que estén garantizados en todos los territorios; y, en dependencia, ha recalcado que la financiación debe ser “suficiente” para afrontar los niveles de cobertura inicialmente previstos en la norma.
La demografía, uno de los mayores desafíos
Respecto a la demografía, Ruiz Molina ha asegurado que es “uno de los mayores desafíos que afronta España” y ha destacado la necesidad de que los ciudadanos tengan “las mismas oportunidades” para acceder a los servicios públicos fundamentales. El consejero ha explicado que, en ese intento por resolver el problema de la despoblación, unas comunidades autónomas tienen que incurrir en unos costes “superiores” a otras que no tienen estas características, por lo que el reto demográfico “supone incurrir en gastos para los cuales no tenemos la suficiente financiación” para intentar hacer efectivo ese principio de igualdad.
En este sentido, ha señalado que las comunidades autónomas participantes en este encuentro de Santiago de Compostela han abogado por la creación de un fondo específico de carácter estatal para paliar las desventajas, además de por conseguir más fondos específicos de la Unión Europea, para lo que se ha instado al Estado a solicitar la ampliación del concepto de zona escasamente poblada. El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha puesto de manifiesto el apoyo conjunto de las autonomías a la provincia de Cuenca, así como a Soria y a Teruel, “para que a nivel europeo se tenga el mismo trato de favor que las consideradas escasamente pobladas”.
De la misma manera, se ha acordado que se lleve a cabo una reformulación del Fondo de Compensación Interterritorial con mayor dotación económica para potenciar las políticas de desarrollo regional.
Respecto a los fondos Next Generation, las autonomías han coincidido en que son “una oportunidad para consolidar la recuperación económica y acelerar la transformación de nuestro tejido productivo”, ha continuado Ruiz Molina, al tiempo que ha resaltado que estos fondos “deben garantizar una salida cohesionada de la crisis y garantizar una convergencia en la renta per cápita en los diversos territorios”.
Igualmente, ha abogado por que se tenga en cuenta el reto demográfico en el reparto y por garantizar el compromiso de dedicar el 50 por ciento de esos fondos que se reciban a las comunidades autónomas.
Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas
Por otra parte, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, del proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha, que incluye la rebaja fiscal anunciada por el presidente Emiliano García-Page en el último Debate del Estado de la Región.
Una norma que contiene, no solo la eliminación de 19 tasas, entre ellas la de caza y pesca para los residentes en Castilla-La Mancha, sino también un importante conjunto de desgravaciones fiscales para las familias, los jóvenes, las personas con discapacidad y las empresas y que se suma a las que ya recoge la Ley frente a la despoblación aprobada el pasado mes de mayo.
Ambas medidas supondrán, en su conjunto, unos beneficios fiscales de unos 41 millones de euros, ha precisado Ruiz Molina. Una menor recaudación que “se compensará con el volumen de recursos que hemos ahorrado con la renegociación de la deuda, que supera los 50 millones de euros para el ejercicio 2022”, ha concluido el consejero.