Toledo, 1 de julio de 2021.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la predisposición del Gobierno de España por solucionar el problema de la interinidad en las administraciones públicas y ha considerado que este problema se resuelve eliminando la tasa de reposición.
 
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su participación, hoy, en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, en la que ha estado acompañado por el director general de Función Pública, José Narváez.
 
Durante el encuentro, que ha tenido lugar por videoconferencia y que ha estado presidido por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, los representantes de las diferentes comunidades autónomas y del Ejecutivo central han abordado las principales propuestas recogidas en el borrador del plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas.
 
Un plan para el que las distintas autonomías han presentado sus aportaciones, con el objetivo de alcanzar el acuerdo de todas las administraciones en un asunto tan importante como es reducir la interinidad. Este plan, que supone la modificación de parte del articulado de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se tramitará mediante un real decreto ley, tal y como se ha informado en la Conferencia Sectorial.
 
Ruiz Molina ha valorado la predisposición del Gobierno de España por dar solución al problema y ha considerado que, aunque “aún quedan flecos” para llegar al acuerdo, estos se resolverán en la tramitación parlamentaria.
 
Aprobación de una oferta de empleo público anual
 
Precisamente, reducir la interinidad es uno de los objetivos de las sucesivas ofertas de empleo público que convoca el Gobierno de Castilla-La Mancha. En este sentido, el Ejecutivo autonómico está haciendo un importante esfuerzo para cumplir el compromiso del presidente Emiliano García-Page de aprobar todos los años una OEP en todos los sectores.
 
Esto está permitiendo ejecutar al 100% los planes de impulso a los servicios públicos que se vienen desarrollando desde la anterior legislatura y ha supuesto que en los últimos seis años se hayan aprobado un total de 15.751 plazas de empleo público, lo que se traduce en una media de más de 2.600 plazas al año.
 
Todo ello con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía, pero también de blindar las plantillas y de reducir la temporalidad.