Toledo, 2 de junio de 2021.- El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de ayer el Decreto que regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de lo que ha informado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en su comparecencia semanal.
 
“Se trata de un decreto consensuado con los agentes sindicales, adaptado a la realidad actual y que tiene como principal finalidad hacer compatible el derecho al teletrabajo por parte de las trabajadoras y trabajadores públicos al mismo tiempo que garantizamos la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía”, ha explicado la portavoz.
 
De esta nueva norma se podrá beneficiar el personal funcionario de la Junta de Comunidades y sus organismos autónomos, el personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del VIII Convenio Colectivo o la norma que lo sustituya, el personal funcionario docente no universitario y el personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
 
Una de las principales mejoras del nuevo decreto, impulsado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, es la ampliación del teletrabajo a todas las empleadas y empleados públicos, salvo para quienes realicen labores de dirección y coordinación, tengan una atención directa al público o aquellas personas que por el tipo de expedientes que realizan, sea imposible o incompatible esta forma de trabajar.
 
Otros aspectos destacables son que la norma garantiza la aportación por parte de la Administración regional de los medios tecnológicos necesarios para teletrabajar, establece un plan de trabajo individualizado y se mejoran las medidas de seguridad y salud del teletrabajo.
 
Asimismo, se recoge el derecho a la desconexión digital, se fija el posible trabajo no presencial en situaciones extraordinarias y se crea una comisión de seguimiento para hacer evaluaciones periódicas. En cualquier caso, tal como ha indicado Blanca Fernández, la opción de teletrabajar es voluntaria y reversible, y no es una obligación. Y al tratarse de una nueva regulación, habrá posibilidad de ir introduciendo mejoras en función de la experiencia que se vaya adquiriendo y siempre en el marco de la negociación colectiva.
 
Por lo tanto, según ha afirmado la consejera, “con este decreto avanzamos en el derecho a teletrabajar; avanzamos hacia la corresponsabilidad de las administraciones públicas en la conciliación mediante el apoyo de la flexibilidad temporal y espacial; contribuimos al desarrollo de una administración regional más digital, a la movilidad sostenible y al reto demográfico”.
 
Adaptación de la normativa a la realidad actual
 
El nuevo decreto sustituirá la actual regulación autonómica vigente desde hace siete años. Para la elaboración de su contenido se ha tenido en cuenta tanto la experiencia adquirida en los últimos años, como la nueva regulación estatal aprobada en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, en septiembre del año pasado, ya que era inexistente hasta esa fecha. 
 
El proceso de negociación de este decreto se inició el pasado 16 de febrero y se llevó a cabo en la Mesa General de Negociación del personal empleado público. La negociación se desarrolló durante varias jornadas, en las que la representación de la Administración regional, a través de la Dirección General de la Función Pública, y la de las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, FSES, UGT e Intersindical-CLM plantearon sus diferentes propuestas hasta alcanzar un acuerdo y consensuar esta norma, que ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Gobierno y que entrará en vigor al mes de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
 
En cuanto a las condiciones del teletrabajo, Blanca Fernández ha explicado que no se podrá superar el 50 por ciento de la jornada en el cómputo mensual y tampoco el 33 por ciento de los equipos o servicios en los que haya peticiones de teletrabajo.
 
En el caso de haber más peticiones que posibilidad de concederlo a todas las personas solicitantes, tendrán prioridad las mujeres víctimas de violencia de género; las personas con discapacidad; las personas que padezcan enfermedades o que tengan brotes de estas dolencias que les dificultan el trabajo presencial; quienes tengan responsabilidades en el ámbito de la conciliación con menores de 12 años; y aquellas personas que también tengan a su cargo familiares con dependencia, discapacidad, enfermedad grave, familias monoparentales; o que vivan en zonas escasamente pobladas o con dificultades de acceso al transporte público.
 
“En definitiva con el decreto del teletrabajo avanzamos en la modernidad de la mano de los agentes sociales, utilizamos los medios digitales para avanzar también derechos en el ámbito de la conciliación, pero garantizando una prestación de servicios de calidad a la ciudadanía. Hoy, puesto que las tecnologías han avanzado mucho, esto es posible, pero no debemos olvidar y no lo haremos nunca ese objetivo esencial que es la atención a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha”, ha finalizado la consejera portavoz.