Toledo, 5 de mayo de 2021.- El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto del Concierto Social, una decisión que impulsará “una gestión más ágil y cercana” de los servicios sociales y del sistema de la dependencia y que dará estabilidad al sector. Así lo ha indicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha asegurado que se trata de una “buena noticia” porque este decreto implicará “un salto cualitativo y un cambio de modelo en la gestión de los servicios sociales especializados”.
 
Estos servicios son la atención en centros residenciales para personas mayores y personas con discapacidad, los programas de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, la atención a las personas con enfermedades neurodegenerativas, la protección de los menores o la atención a personas en riesgo de exclusión que se prestan a través de las entidades del tercer sector social.
 
Este decreto forma parte del desarrollo normativo de la Ley del Tercer Sector Social, aprobada en febrero de 2020, “y viene a cumplir con el compromiso del presidente García-Page de desarrollar esta ley con el fin de dar estabilidad y seguridad y de apoyar a las entidades del Tercer Sector Social”, ha destacado la consejera.
 
La primera medida en la que se sustanciará será en la convocatoria de la orden para la prestación de servicios residenciales, estancias diurnas y otros servicios para personas mayores de Castilla-La Mancha que beneficia a unas 90.000 personas.
 
Blanca Fernández ha explicado que esta norma pone bajo un mismo marco jurídico la concertación entre la Administración regional y el Tercer Sector Social y las corporaciones locales para prestar todos estos servicios que hasta ahora se realizaban a través de convocatorias o subvenciones anuales, lo que suponía una sobrecarga en la gestión.
 
“Con este decreto se pasa a un modelo con más seguridad jurídica, más garantías, y adaptado a la prestación de servicios sociales especializados al siglo XXI, en el que lo más importante es la calidad asistencial, la garantía de la continuidad del servicio, que debe estar centrado siempre en las personas, favorecer el interés social y con medidas de acción positiva hacia las zonas escasamente pobladas”, ha explicado la consejera.
 
En cuanto a su duración, el nuevo decreto permitirá que los conciertos se realicen por periodos de cuatro años y sean prorrogables por otros diez en periodos de dos años. En el caso de nuevas infraestructuras, y con el objetivo de potenciarlas donde más interés social haya o en zonas escasamente pobladas, los conciertos podrán ser de diez años prorrogables por 20, con periodos de cinco años en la renovación.
 
Entidades y personas beneficiarias
 
Como muestra de la potencialidad de la norma, Blanca Fernández ha explicado que, en el ámbito de la atención en residencias de personas mayores, que es el primer servicio que se convocará bajo el decreto, se podrán beneficiar a unas 90.000 personas usuarias de 5.541 plazas residenciales, 423 plazas de estancias diurnas y de más de 84.000 estancias temporales anuales, con un montante total de 100 millones de euros, que es lo que invierte el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de las entidades del Tercer Sector Social para prestar estos servicios.
 
En los próximos años se irán publicando el resto de convocatorias, como las relacionadas con el área de discapacidad, que podrá beneficiar a 11.500 familias y 247 recursos residenciales gestionados por entidades del Tercer Sector y 52 centros de titularidad pública, además de las cinco fundaciones tutelares de Castilla-La Mancha que atienden a 1.400 personas.
 
En el ámbito de la atención a los menores, podrá llegar a 72 centros, pisos y hogares, lo que implicará a 21 entidades del tercer sector social. Los niños y niñas beneficiarios serán cerca de 700. Y en el ámbito de la inclusión, pueden participar entidades que trabajan con personas vulnerables o en riesgo de exclusión social, y que vienen concurriendo a distintas convocatorias. En total pueden llegar a un centenar de entidades y 3.000 personas beneficiarias.
 
“En definitiva, este marco de concertación social es un nuevo modelo muy demandado por parte de las entidades del Tercer Sector para dar seguridad jurídica, estabilidad económica y financiera y garantía de continuidad en el servicio a los recursos sociales de carácter especializado, centrados en todos estos colectivos venerables, para darles estabilidad y financiación continuada en el tiempo y para impulsar nuevas inversiones donde haya interés social y también en las zonas escasamente pobladas, ya que este es uno de los objetivos del presidente García-Page”, ha señalado la consejera. 
 
Otros acuerdos
 
En materia de Bienestar Social, Blanca Fernández ha informado también de la autorización de un gasto de 789.910 euros para la licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de obra nueva en la residencia ‘Los Olmos’, en Guadalajara, un centro que vendrá a sustituir al actual, cuyas instalaciones de 1975 han quedado obsoletas, y que mejorará la calidad de vida de las personas residentes en dicho centro, al mismo tiempo que además aumentará el número de plazas de 80 a 120.
 
“Creemos que es una cuestión de justicia, una reivindicación desde hace mucho tiempo, una necesidad que está plenamente justificada y estamos dando pasos para que en un futuro muy lejano esta nueva infraestructura pueda convertirse en realidad”, ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz.
 
Por otro lado, el tercer acuerdo en materia de Bienestar Social ha sido la autorización de un gasto de 793.875 euros para la segunda prórroga, de duración de un año, del contrato de servicios de 15 plazas residenciales para niños y niñas con trastornos de conducta en un centro de atención especializada.