Toledo, 2 de enero de 2021.- El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha adherido al protocolo firmado entre el Ministerio de Trabajo y el Servicio Público de Empleo Estatal para agilizar la información acerca de los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la crisis sanitaria, para agilizar la tramitación y el pago de las prestaciones correspondientes a los trabajadores afectados. Este protocolo, que deja la puerta abierta a la adhesión de las comunidades autónomas, establece un sistema de información semanal para actualizar la resolución de los ERTE para poder garantizar el acceso a las prestaciones de las personas afectadas.  
 
 
El protocolo firmado entre el Ministerio de Trabajo y el SEPE establece el compromiso del Ministerio de enviar un documento con el detalle de los ERTE por causas de fuerza mayor y los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas (ETOP) de manera semanal, con los datos de las empresas y los trabajadores afectados por la suspensión decretada en su caso, así como aquellos que se dictaminen como desfavorables. Este protocolo, abierto a la adhesión de las comunidades autónomas, y ha sido también rubricado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Eduardo del Valle. 
 
 
Los objetivos concretos de este protocolo son agilizar la gestión de las prestaciones derivadas de los ERTE y de la reducción temporal de la jornada por fuerza mayor que resuelvan las autoridades laborales; garantizar que las prestaciones se reconocen en virtud de resoluciones que han constatado la fuerza mayor, bien de forma expresa o por silencio administrativo; y evitar el reconocimiento de prestaciones indebidas sobre la base de solicitudes colectivas cuando no se corresponden con una resolución de la autoridad laboral o incluso cuando ésta es desestimatoria.
 
 
Con la adhesión a este protocolo, el Gobierno de Castilla-La Mancha intensifica su labor y su compromiso para agilizar la tramitación de los ERTE enfatizando la seguridad jurídica de las personas afectadas y garantizando la percepción ágil de las prestaciones por parte de las personas trabajadoras.