El Consejo de Gobierno tomó conocimiento de seis contrataciones de emergencia de la Consejería de Bienestar Social por importe de 1.050.000 euros para garantizar la protección de las personas mayores así como de las personas con discapacidad que residen en centros públicos de la red de la Junta de Comunidades y de la protección de su plantilla porque se trata de la compra de materiales de protección y del pago por 40 plazas residenciales para personas mayores afectadas por COVID-19 que no podían ser atendidas ni por otros centros residenciales ni por sus familias.