Toledo, 27 de octubre de 2020.- El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021, que superará los 12.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,2 por ciento y casi 1.600 millones de euros más para fortalecer los servicios públicos fundamentales y atender a los sectores más vulnerables, reactivar la economía y el empleo e impulsar la transformación del modelo productivo de la región.
 
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado en rueda de prensa de las principales cifras que componen el proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio, que también tendrá entre sus objetivos fundamentales luchar contra la despoblación, acelerar la transformación digital, promover la sostenibilidad medioambiental e impulsar la modernización de los sectores productivos, en línea con las metas planteadas a escala europea.
 
Ruiz Molina, tras poner en valor que Castilla-La Mancha es la primera Comunidad Autónoma que aprueba su proyecto de Ley de presupuestos para 2021, ha resaltado que éste es “diferente” al de ejercicios anteriores, dado que “se ha elaborado en una situación de excepcionalidad” y debe abordar, “con nuevas políticas presupuestarias la nueva realidad”, puesto que la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha generado una crisis sanitaria, económica y social. 
 
En este sentido, Ruiz Molina ha querido subrayar que la respuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha no va a ser la de primar los recortes en el gasto público, que en la crisis de 2008 provocó un aumento de la desigualdad social y un debilitamiento del Estado del Bienestar. Ahora el Ejecutivo regional tiene la voluntad política de “no dejar a nadie atrás, no hacer recortes y reducir los efectos negativos que esta crisis está provocando en diferentes sectores, con una fuerte apuesta por la inversión pública y la colaboración pública y privada para acelerar la reactivación del tejido productivo y su necesaria modernización”.
 
Para ello, el Gobierno de Emiliano García-Page ha aprobado un proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021 que asciende a 12.102,4 millones de euros, creciendo un 15,2 por ciento. Este incremento permitirá contar con 1.597,3 millones de euros más con respecto a 2020.
 
Ruiz Molina, que ha estado acompañado en la rueda de prensa por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández Perlines, ha explicado que el proyecto de Ley será registrado hoy mismo en las Cortes regionales, para que pueda comenzar el preceptivo trámite parlamentario, que permita que los presupuestos puedan entrar en vigor el 1 de enero del próximo año.
 
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha definido el proyecto de Ley de Presupuestos para 2021 como “excepcional por su cuantía”, ya que al crecer un 15 por ciento, triplica el crecimiento medio de los incrementos presupuestarios de los últimos cinco años, que ha sido del 5,5 por ciento.
 
También lo ha calificado como expansivo, al destinar prácticamente 1.000 millones de euros más al Estado del Bienestar y cerca de 600 más al desarrollo económico y al empleo; inversor, al duplicar la cuantía de las inversiones, hasta alcanzar los 1.400 millones; ambicioso en sus medidas, encaminadas a modernizar el tejido productivo, y, finalmente, como prudente en sus previsiones, que han sido avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). 
 
1.000 millones más para el Estado del Bienestar
 
En relación con el gasto social, Ruiz Molina ha indicado que se destinarán, en total, 6.591,1 millones a fortalecer los servicios públicos fundamentales. De esta forma, el gasto social crece cerca de un 18 por ciento respecto a 2020 y cerca de tres puntos por encima de lo que lo hace el presupuesto.
 
Los recursos dirigidos a financiar el Estado del Bienestar suponen en torno al 70 por ciento del gasto total de carácter no financiero y permiten dedicar cada día 18 millones a los servicios públicos fundamentales, es decir, sanidad, educación y servicios sociales.
 
Dentro del conjunto del gasto social, sanidad es la partida más alta, superando los 3.600 millones de euros; seguida de educación, que supera la barrera de los 2.000 millones de euros de presupuesto después de diez años, y servicios sociales, que contará con 92,3 millones de euros más que el año pasado.
 
El incremento de casi 1.000 millones que experimentan las políticas de gasto relacionadas con el gasto social, estará destinado a contar con más sanitarios y docentes; más y mejores infraestructuras; más equipamiento y más transferencias para financiar la prestación de servicios del ámbito social por otras entidades.
 
Las políticas orientadas al crecimiento económico y la creación de empleo se incrementan en casi 600 millones de euros
 
Respecto al bloque económico, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que superarán los 1.700 millones de euros, lo que suponen cerca de 600 millones más que el año pasado.
 
Por lo tanto, ha resaltado Ruiz Molina, las políticas orientadas al crecimiento económico y la creación de empleo se incrementan un 48 por ciento, triplicando el crecimiento del conjunto del presupuesto para el próximo año.
 
Estas políticas presupuestarias irán encaminadas a acelerar la reactivación económica de la región e impulsar una profunda transformación de la estructura productiva, con el fortalecimiento y modernización del tejido productivo, la apuesta por la innovación tecnológica y el desarrollo de la sociedad de la información, el refuerzo de las infraestructuras básicas y el impulso a la sostenibilidad ambiental.
 
En definitiva, según ha explicado Ruiz Molina, con los recursos de los que dispone la Administración regional se debe “promover el equilibrio entre el crecimiento económico, la calidad de vida de las personas y la protección del medio ambiente, a fin de garantizar a las generaciones futuras una sociedad y un planeta mejor”.
 
Ruiz Molina ha mencionado, dentro del bloque económico, los 825 millones de euros que se destinarán para modernizar la estructura productiva y reforzar las políticas de empleo, unas partidas que crecen un 31 por ciento respecto al año pasado.
 
También se ha referido a los 176 millones que tendrán como destino las políticas de I+D+i, que permitirán impulsar las nuevas tecnologías y la sociedad de la información como motor de desarrollo económico, mejorando, por un lado, la productividad y la competitividad empresarial y fomentando, por otro lado, la modernización administrativa de la región.
 
Las inversiones crecen un 116 por ciento
 
Durante la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Fuensalida, Ruiz Molina también se ha detenido en el capítulo de las operaciones de capital, es decir, en las inversiones, ya sean realizadas por la propia Administración regional o las que llevan a cabo terceros.
 
Sobre este capítulo ha subrayado que se trata de “una cifra sin precedentes, con 1.423 millones de euros, lo que supone duplicarlas con respecto al presupuesto de este año y contar con 764,5 millones más.
 
Se destinarán 3,9 millones cada día en inversión para fortalecer los servicios públicos fundamentales; dotar a la región de infraestructuras básicas, como las de abastecimiento y depuración de aguas, y promover el desarrollo y modernización del tejido productivo.
 
El presupuesto 2021 permitirá abordar con garantías la reactivación de la región
 
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha finalizado resaltando que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2021 está diseñado para, sin incrementar la presión fiscal para la ciudadanía, abordar con garantías la reactivación de nuestra región y hacerlo, dando respuesta adecuada a una situación excepcional, por una crisis sanitaria, social y económica desconocida en su alcance.
 
También, ha añadido Ruiz Molina, supone una “gran oportunidad para que Castilla-La Mancha pueda poner los cimientos para acometer la necesaria transformación de su estructura productiva” y exige “la máxima responsabilidad” por parte de las administraciones públicas para gestionar de la manera más eficiente posible los recursos financieros de los que se dispone.
 
Y todo ello, ha concluido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, “desde el diálogo social y de la mano de la ciudadanía, porque si hay una cosa cierta es que podremos salir mucho mejor de esta crisis si lo hacemos unidos”.