Toledo, 19 de diciembre de 2019.- Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, unas cuentas que superan los 10.000 millones de euros de gasto total y que contribuirán a la prosperidad de esta región, ya que destinarán a los servicios públicos la financiación suficiente para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía de esta.
 
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, así lo ha defendido en la intervención con la que ha finalizado el debate del dictamen emitido por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre este proyecto de Ley, que, posteriormente, ha salido adelante al contar con los votos favorables de la mayoría de los diputados de las Cortes regionales.
 
La Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio tiene como objetivos estratégicos generar riqueza, incentivando el crecimiento económico y la creación de empleo, y redistribuir la riqueza generada para consolidar el Estado de bienestar, modernizar los servicios públicos y promover la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de esta región. Además, como objetivo de carácter transversal esta normativa recoge la lucha contra la despoblación y el declive demográfico.
 
El presupuesto no financiero asciende a más de 8.000 millones de euros, lo que supone un 6,3 por ciento más que en el presupuesto de 2018, el último aprobado. En términos absolutos, son más de 480 millones de euros adicionales para distribuir entre las diferentes políticas de gasto.
 
Para incentivar el crecimiento económico y crear empleo se destinan 422 millones de euros, un 9,4 más que en el presupuesto de 2018, que son tres puntos más que el incremento del gasto no financiero.  
 
La apuesta por la I+D+i tiene su reflejo en los más de 119 millones de euros que se destinan a esta política de gasto, un 7,5 por ciento más que en el presupuesto de 2018.
 
Por otro lado, se consolidan los recursos destinados a la economía agroalimentaria y a la política medioambiental, con 1.400 millones, la tercera partida de gasto más importante de estos presupuestos.
 
Estos recursos públicos tienen como objetivo consolidar y ampliar la musculatura empresarial de Castilla-La Mancha para generar más empleo y reducir la tasa de paro, tal como se hizo en la legislatura anterior.
 
Además, el Gobierno de Emiliano García-Page pretende que el primer presupuesto de su segunda legislatura sea el punto de partida para transformar en los próximos cuatro años el modelo productivo de la región hacia uno que sea más sostenible, innovador, competitivo y basado en el conocimiento, bajo el marco del Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica.
 
Más de 5.600 millones a financiar el Estado de bienestar
 
En relación con el gasto social, la Ley de Presupuestos destina más de 5.600 millones a financiar el Estado de bienestar, lo que representa el 71,2 por ciento del gasto no financiero.
 
De esta forma, el gasto social se incrementa un 8 por ciento con respecto al presupuesto de 2018, casi dos puntos más que el gasto no financiero. Son 416 millones más para consolidar el Estado de bienestar.
 
Este presupuesto de carácter marcadamente social, va a permitir seguir reduciendo las listas de espera, mejorar la calidad educativa, financiar adecuadamente las universidades públicas, consolidar la atención a la dependencia, reforzar la red de atención a las personas mayores o con discapacidad e incrementar las ayudas a las familias con menos recursos económicos, en definitiva, cumplir el compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, de blindar el Estado de bienestar.
 
La partida de Sanidad es la mayor del presupuesto, prácticamente alcanza los 3.000 millones, casi el 40 por ciento del gasto no financiero y la de Educación, la segunda más alta, con más de 1.800 millones de euros. Por su parte, la de Servicios Sociales se sitúa cerca de los 800 millones de euros, creciendo un 8,4 por ciento con respecto a 2018.
 
Además, las nuevas cuentas regionales permitirán seguir incrementando la plantilla de la Administración regional, que alcanza ya los 75.000 empleados públicos, así como continuar mejorando sus condiciones laborales y retributivas. Así, el capítulo destinado a los recursos humanos es el que mayor crecimiento experimenta con respecto a 2018, con un incremento del 9,2 por ciento.
 
También será un presupuesto que dispondrá de más recursos para nuevas dotaciones públicas. De esta forma, las inversiones para infraestructuras de carácter social, que ascienden a 129 millones de euros, crecerán un 35 por ciento con respecto al último presupuesto regional aprobado.