Cuenca, 29 de agosto de 2019.- El vicepresidente del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado hoy en Cuenca que la propuesta de techo de gasto para los presupuestos de 2020 que tiene previsto aprobar el Consejo de Gobierno en su reunión de este viernes para su posterior remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha superará los 6.600 millones de euros.
 
Una cifra que, tal y como ha indicado el vicepresidente, supone un incremento del 7 por ciento con respecto a las cuentas de 2018, las últimas aprobadas por las Cortes regionales, puesto que en el presente ejercicio, el Ejecutivo autonómico trabaja con presupuestos prorrogados.
 
“Es el primer paso para poder elaborar los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2020”, ha apostillado, en los que el Gobierno de García-Page volverá a hacer un esfuerzo en el incremento de las partidas destinadas a los servicios esenciales, como sanidad, educación o bienestar social.
 
A ello se suma la recuperación de la capacidad inversora del Ejecutivo autonómico, con un incremento de aproximadamente un 20 por ciento de las partidas destinadas a la inversión, con el objetivo de “recuperar proyectos importantes para la Comunidad Autónoma”. “Queremos colaborar a la estabilidad económica de la región dentro del panorama político que tenemos a nivel nacional”, ha dicho.
 
Financiación autonómica
 
En este contexto, Martínez Guijarro ha mostrado su preocupación por el hecho de que Castilla-La Mancha no pueda recibir por parte del Estado con cargo de las entregas a cuenta, que en el caso de nuestra región asciende a 360 millones de euros, al estar el Gobierno central en funciones. Un hecho que, ha dicho, “nos puede generar verdaderos problemas para finalizar el ejercicio presupuestario”.
 
Por ello, ha hecho un llamamiento para que “se busque una solución a nivel nacional para evitar dificultades en la prestación de servicios básicos” y, en el caso de que se convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Castilla-La Mancha asistirá para señalar esta problemática.
 
“Entendemos las dificultades que pueda tener un Gobierno en funciones”, ha añadido el vicepresidente, al tiempo que ha puesto de manifiesto que “respetamos” pero “no compartimos del todo” los criterios del informe de la Abogacía del Estado en esta materia.
 
De hecho, el Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por una modificación legislativa, si es necesaria, para resolver esta situación puesto que “los diputados y diputadas, y los senadores y senadoras no están en funciones, las Cortes Generales están plenamente operativas”.
 
“Si hay que darle capacidad legal a un Gobierno en funciones para que no se vean entorpecido la prestación de servicios sanitarios o educativos, hágase”, ha concluido.