Toledo, 8 de diciembre de 2018.- Con la aprobación del Decreto 83/2018, de 13 de noviembre, que regula la concesión de los Distintivos a las Mejores Prácticas en materia de Consumo, el Gobierno Regional recupera una iniciativa abandonada desde el año 2011 en el reconocimiento de acciones de calidad implementadas por las empresas de la región.
 
El nuevo decreto entrará en vigor el próximo día 28 de diciembre y a partir de dicha fecha se regulará por Orden el régimen jurídico de la Comisión Regional de Distintivos a las Mejores Prácticas en materia de Consumo.
 
Asimismo, la aprobación de esta norma contempla también la creación del Registro correspondiente y un fichero de datos, así como el establecimiento de las características de la imagen que identifica dichos distintivos.
 
El nuevo decreto incluye algunas modificaciones en relación con el enfoque y destinatarios de estos distintivos para adecuarlo a la realidad actual con arreglo a dos objetivos. Por una parte, promover la gestión de la innovación mediante herramientas como la autorregulación y los códigos de conducta o la comparación de mejores prácticas.
 
Asimismo, por otra parte, ampliar el rango de potenciales acreedores de dichos distintivos extendiéndolo más allá de la actividad y práctica empresarial con la incorporación de organizaciones, entidades o instituciones capaces de producir impactos positivos en la protección de las personas consumidoras.
 
En definitiva, el nuevo decreto pretende incentivar la participación proactiva de personas, colectivos, organizaciones, entidades y empresas en la adopción de medidas o implementación de iniciativas, de forma voluntaria, que redunden en un mayor bienestar para las personas consumidoras y usuarias de la región, y que además puedan servir de modelo a replicar por terceros, o bien, constituyan fuente de inspiración para la emergencia de nuevas propuestas al respecto cuyos méritos contraídos merezcan reconocimiento.
 
El decreto en cuestión contempla el procedimiento para su solicitud y concesión, en su caso, determinando la composición de la Comisión Regional que decidirá sobre la acreditación de las prácticas mediante el otorgamiento de los distintivos correspondientes.
 
Asimismo, la nueva norma contempla una relación de méritos a valorar entre los que destacan los relativos a los colectivos vulnerables y la accesibilidad; las iniciativas de carácter laboral, social o ambiental; la adopción de medidas de igualdad de género en el ámbito del consumo; las medidas contra el desperdicio alimentario, la sobreproducción y el sobreconsumo; el fomento de la transparencia y la simetría informativa; la promoción de la corresponsabilidad y de criterios de compra ética; acciones de innovación, desarrollo e investigación en el marco de la innovación social y tecnológica referida a la protección de las personas consumidoras; o la adopción de medidas contra la obsolescencia programada de los productos.