"En definitiva, con esta oferta, que es la tercera que aprobamos a lo largo de la legislatura, el Gobierno cumple con los sindicatos porque era un acuerdo al que llegamos en febrero de 2016; se blindan las plantillas para que en ningún caso el número de funcionarios que prestan los servicios en la administración regional puedan ser moneda de cambio; se reducirá hasta el 8% la tasa de interinidad, se va a favorecer la incorporación de personas con discapacidad a la función pública, además de ser una oportunidad de encontrar empleo para miles de personas que consideran que su vocación es trabajar en la función pública"