Albacete, 23 de abril de 2018.- El Gobierno regional ha avanzado que seguirá trabajando con los interlocutores sociales y económicos de la Comunidad Autónoma en un documento de posicionamiento en materia de agua para “defender los derechos de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma”, y que incluye a comunidades de regantes, representantes de aguas subterráneas, organizaciones profesionales agrarias, asociaciones medioambientales, sindicatos y empresarios.
 
Así lo ha trasladado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, tras la reunión que ha mantenido con el secretario regional de CCOO, Francisco de la Rosa, en la que ha anunciado que la ronda de reuniones continuará con el sindicato UGT, y con la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), y que la intención del Gobierno del presidente Emiliano García-Page es que antes del mes de julio esté preparado el Pacto regional por el Agua.
 
Con respecto a la negociación con los diferentes partidos políticos, Martínez Arroyo ha subrayado que primero se está presentando el borrador a los agentes sociales para después hablar con las fuerzas políticas.
 
En este sentido, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha argumentado que “entendemos que todas las fuerzas políticas van a ser receptivas a esta propuesta del Gobierno regional y será difícil de explicar que algún partido se excluyera de un Pacto como éste que sólo pretende defender a los ciudadanos de la región”.
 
“El tema del agua es el reto más importante que tenemos delante”, ha afirmado Martínez Arroyo, que ha remarcado que “del agua depende no sólo el consumo humano, sino la garantía de desarrollo y de futuro de Castilla-La Mancha”, ha aseverado.
 
Tras la reunión mantenida con el máximo responsable de CCOO en la región, a la que también ha asistido el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Manuel Miranda, el consejero ha explicado que el sector primario de Castilla-La Mancha utiliza el agua en un 90 por ciento de su totalidad, -el más alto del país que se sitúa en torno al 81 por ciento- y que “la utilización del agua significa multiplicar por cinco cada hectáreas, en cualquier cultivo”.
 
Además, ha añadido que en “cultivos sociales supone cinco veces más la rentabilidad el acceso al agua”, algo que según el Ministerio de Agricultura, también se traduce en la creación del triple de puestos de trabajo.
 
Trasvase Tajo-Segura
 
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha trasladado la necesidad de “replantearse de qué forma afrontamos la política del agua en nuestro país, entre todos, en una tarea que debe gestionar bien el agua, sin necesidad de reducirse a hablar de un trasvase”. Además, ha reiterado que “el trasvase no se hubiera hecho en la actualidad, en las mismas condiciones”, y ha reivindicado la participación de Castilla-La Mancha en la toma de decisiones del trasvase Tajo-Segura “por sentido común y por lealtad institucional”.
 
“No puede ser que el trasvase Tajo-Segura siga rigiéndose por reglas que no tienen en cuenta la existencia de las comunidades autónomas”, ha reflexionado el consejero del Gobierno regional, que ha definido la actual situación de la política hídrica de “crucial para abordar el debate de un Pacto Nacional en materia de agua, redistributivo, y que no debe reducirse a aprobar un trasvase”.
 
Futuro convenio regional del campo
 
Por último, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha coincidido con el sindicato CCOO, en la necesidad de alcanzar trabajadores y empresarios, un convenio colectivo del campo, de carácter regional, que garantice los derechos de los trabajadores.
 
Este futuro convenio beneficiará a 25.000 trabajadores agrarios en la agricultura y la ganadería, y que dependen de otros 145.000 empleadores en este sector. Además, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural también ha informado que otros 25.000 trabajadores de la Comunidad Autónoma dependen del sector de la industria agroalimentaria.