Esta ley quiere ser un instrumento de apoyo a las personas con discapacidad y que se retrase en la medida de los posible su incapacitación. El objeto es que este proceso sea el último recurso y para ello se establecen dos mecanismos: la elaboración de un plan de futuro, en el que participa la persona con discapacidad, sus familiares y las fundaciones tutelares, se establecen las preferencias cuando los progenitores falten y la garantía de apoyo residencial una vez que la persona con discapacidad que presenta limitaciones para la toma de decisiones no cuente con sus apoyos familiares.