Es una ley que piensa en las personas con discapacidad y también en sus familias. Es la respuesta a la pregunta que con más frecuencia se hacen las madres y padres de las personas con discapacidad: “¿qué será de nuestro hijo cuándo nosotros no estemos?. Esta medida blinda por ley la protección de estas personas y evita que ningún Gobierno futuro pueda tocar sus derechos. No hay excusas presupuestarias, porque estos derechos quedarán garantizados por ley.