La Ley establecerá cómo las personas con discapacidad intelectual decidirán sobre su plan de futuro, con el apoyo de profesionales y familiares, un “plan de futuro que va a quedar registrado en la Administración para que, cuando los familiares no estén, todo el mundo sepa cuál ha sido la voluntad de la persona con discapacidad y garantizará una plaza residencial para las personas discapacidad intelectual”.