La consejera ha lamentado la “falta de información” por parte del Ministerio de Empleo en la convocatoria y se ha mostrado a favor “de una tarjeta social que no sea exclusivamente para colectivos vulnerables o en situación de pobreza, sino un tarjeta de ciudadanía”, que de acceso a un catálogo de prestaciones públicas a las que tenga derecho cualquier ciudadano”.Para Aurelia Sánchez, la tarjeta social debe contener además la vida laboral, las prestaciones contributivas o no contributivas, para todos, no para los pobres o vulnerables porque puede producirles un estigma social”.