“Habíamos diseñado un presupuesto para 2017 que destinaba el 70 por ciento a gasto social, es decir, que siete de cada diez euros se destinaban a recuperar los derechos de los ciudadanos y en esta situación no se va a poder llevar a cabo y va a suponer, lógicamente, una ralentización en ese ritmo que nos habíamos planteado de recuperación de derechos de los ciudadanos, fundamentalmente, en lo que se refiere al Estado de bienestar”, ha afirmado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.