El Gobierno regional y la Administración de Justicia de Castilla-La Mancha, ejemplo de coordinación y cooperación institucional con un modelo centrado en el ciudadano
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha inaugurado este encuentro acompañado del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco.
Se pretende sentar las bases de protocolos generales de actuación para la atención social y sanitaria a personas con enfermedad mental en proceso o riesgo de judicialización.
Las Comisiones de Análisis de Casos constituyen un modelo pionero de intervención, en el que Castilla-La Mancha está a la cabeza respecto al resto de comunidades autónomas.
Toledo, 15 de noviembre de 2016.- El Gobierno regional y la Administración de Justicia de Castilla-La Mancha se han mostrado como ejemplo de coordinación y cooperación institucional, en el marco de las I Jornadas de las Comisiones de Análisis de Casos (CAC) en Castilla-La Mancha, para la atención social y sanitaria a personas con enfermedad mental en proceso o riesgo de judicialización.
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha inaugurado esta semana el encuentro acompañado del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, donde destacó el hecho de que varias Administraciones compartan un mismo espacio para hablar sobre los ciudadanos.
Jesús Fernández ha querido poner en valor “la preocupación y el seguimiento que las Administraciones tenemos que hacer de los pacientes y las familias más vulnerables o con riesgo de exclusión y judicialización como consecuencia de una patología o trastorno mental”.
Asimismo, Fernández ha anunciado que las conclusiones de esta I Jornada se incluirán en el Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha 2017-2025. “Incluiremos un capítulo para que el nuevo Plan de Salud Mental recoja el modelo de atención de estas Comisiones de Análisis de Casos y pueda ocuparse y preocuparse por este tipo de ciudadanos”, señaló.
A través de este encuentro se pretende evaluar el trabajo desarrollado por estas Comisiones y consolidar el modelo de protocolos de cooperación y coordinación entre las diferentes administraciones para atender este tipo de situaciones complejas, poniendo siempre a la persona con trastorno mental en situación de riesgo, en el centro del sistema.
“Si además, somos capaces de exportar este modelo apoyado en la cooperación interinstitucional y centrado en el ciudadano habremos hecho algo bueno más allá de nuestras fronteras”, ha añadido el titular de Sanidad en Castilla-La Mancha.
Modelo pionero
Para abordar la situación de las personas con trastorno mental que han cometido un delito o están en riesgo de judicialización, actualmente están funcionando en Castilla-La Mancha cinco Comisiones de Análisis de Casos, una por cada provincia, que se reúnen con una periodicidad semestral. Estas Comisiones están integradas por representantes de la Consejería de Sanidad, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, la Fundación Sociosanitaria, Instituciones Penitenciarias y Asociaciones de Usuarios y Familiares, Administración de Justica y Servicios Sociales.
Estas Comisiones constituyen un modelo pionero de intervención, en el que Castilla-La Mancha está a la cabeza respecto al resto de comunidades autónomas.
Hasta el momento se han abordado un total de 88 casos con el perfil mencionado, en los que los riesgos y la dificultad de atención, están originados por causas diversas. La falta de continuidad en el tratamiento y cuidados de una persona con trastorno mental ya diagnosticado; personas con una posible enfermedad mental que no acuden a los servicios sanitarios o sociales y aquellas que diagnosticadas no tienen conciencia de su enfermedad y no cumplen con su tratamiento, son algunas de ellas.
En este primer encuentro se ha tenido la oportunidad de tratar diversos temas como la formación conjunta de los profesionales procedentes del ámbito sanitario y judicial, el diseño de protocolos generales de actuación ante casos frecuentes, los recursos sanitarios y sociosanitarios existentes en Salud Mental o el proceso judicial, penal y penitenciario, así como la atención a menores en conflicto y la prevención de conductas delictivas.