"La lucha contra los recortes en el empleo público debe hacerse siempre en el marco de la legalidad, porque los empleados públicos se merecen que sus derechos se recuperen de manera intachable tanto jurídica como administrativamente y que no se haga por la puerta de atrás, dejando ese derecho en un limbo legal, al albur de la arbitrariedad del Gobierno nacional de turno"