Toledo, 11 de mayo de 2016.- El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado hoy que el modelo de financiación autonómica que se defienda desde Castilla-La Mancha no sea “solamente un asunto de Gobierno” sino “asunto de región”, que tenga como objetivo garantizar los recursos suficientes para financiar el coste real de la prestación de los servicios públicos fundamentales en esta Comunidad Autónoma.
 
En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión mantenida, junto al vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, con el secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, y el portavoz de este grupo en las Cortes regionales, David Llorente, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado la necesidad de que la región vaya “con una voz única” al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que, tras la formación del nuevo Gobierno de España, se aborde la renovación del modelo de financiación autonómica porque es un “tema fundamental para la Comunidad Autónoma”.
 
En este sentido, ha añadido, se trata de que “quienes tenemos que defender en Madrid el nuevo modelo de financiación, vayamos suficientemente legitimados para que no sea una propuesta solamente del Gobierno, sino de todas las fuerzas que tienen representación institucional en Castilla-La Mancha”.
 
Sobre la reunión con Podemos, que forma parte de la ronda de contactos que ha iniciado el Gobierno regional con las formaciones políticas con representación institucional en la región para fijar una posición común en esta materia, Ruiz Molina ha indicado que se ha tratado de “una primera toma de contacto”.
 
El objetivo del Ejecutivo de Emiliano García-Page, ha resaltado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, es que el nuevo modelo de financiación tenga en cuenta “el coste real de la prestación de los servicios públicos fundamentales en esta región”, que, además, es similar al coste y a las “dificultades que tienen para financiar determinados servicios públicos en otras regiones”, como consecuencia de la dispersión o del envejecimiento de la población. 
 
“No se trata de modelos de partido, se trata de modelos de financiación que garanticen que las regiones con especiales dificultades para la prestación de esos servicios contemos con la financiación suficiente”, ha manifestado al respecto.
 
Sobre los principios en los que se debe basar el modelo de financiación autonómica que defienda Castilla-La Mancha, Ruiz Molina ha explicado que deberá respetar “el principio de equidad, tanto vertical como horizontal”. La equidad vertical para que “haya un reparto equitativo entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas a la hora de repartir la tarta de impuestos que tiene el Estado español y, la equidad horizontal, para que se tenga en cuenta el coste real que supone la prestación de servicios en los distintos territorios”.
 
Asimismo, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha adelantado que el Gobierno regional también considera que el modelo de financiación autonómica debe ser un “instrumento de convergencia” entre las Comunidades Autónomas, sirviendo para “reducir las diferencias de renta y riqueza” entre regiones. En ese sentido, ha resaltado, “estamos ahora realizando un análisis de cómo ha funcionado el modelo de financiación en estos siete años para ver dónde están los mayores defectos, que son los que vamos a poner en valor para intentar corregirlos”.
 
Igualmente, ha abogado porque haya una “armonización fiscal” entre regiones para que las Comunidades Autónomas “no puedan jugar con los impuestos” en función de su riqueza, “en detrimento de la capacidad fiscal que puedan tener el resto de Comunidades Autónomas”.
 
En último lugar, Ruiz Molina ha añadido, que el Ejecutivo de Emiliano García-Page exigirá “lealtad institucional” para que “aquellas modificaciones legislativas que haga el Estado y que tengan repercusión en el gasto de las Comunidades Autónomas sean suficientemente financiadas, tanto desde el punto de vista del gasto como desde el punto de vista de ingresos”. Como ejemplo, ha mencionado la última subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 18 al 21% aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, un incremento del 3% en el que “las Comunidades Autónomas no han tenido ninguna participación”.
 
Aunar esfuerzos con los sindicatos sobre la jornada de los empleados públicos
 
A preguntas de los medios de comunicación, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que ayer el gabinete jurídico de la Junta se reunió con los servicios jurídicos de los sindicatos para “aunar esfuerzos” de cara a la presentación de alegaciones a la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno en funciones de Rajoy contra la Ley por la que se recuperó la jornada de 35 horas semanales para el personal de la Junta de Comunidades.
 
Ruiz Molina ha explicado que la estrategia en relación con este recurso es doble. Por un lado, se pretende que el Tribunal Constitucional levante la suspensión de la jornada de 35 horas semanales hasta que entre a valorar el fondo del asunto y, por otro, se busca defender la legalidad de esta Ley que se aprobó en las Cortes regionales, porque el Gobierno regional tiene el “pleno convencimiento” de que lo hizo “con sujeción a la normativa” y, por lo tanto, “no se ha vulnerado en absoluto ninguna Ley estatal”.
 
Respecto a la vuelta a la jornada de 37,5 horas por parte de los empleados públicos, Ruiz Molina ha destacado que él mismo y el Gobierno regional son los principales disgustados porque han intentado recuperar un derecho que tenían los funcionarios y se “lo han echado para atrás”. Pero “la situación con el mandato del Tribunal Constitucional es que tenemos las manos atadas y hay que volver a la situación anterior, nos guste o no nos guste”, ha lamentado.