“Era difícil de explicar que en una infraestructura de estas características se hubiese tomado la decisión de no hacer públicos ninguno de los documentos que ponían en cuestión la idoneidad de la ubicación. Y afortunadamente la normativa de transparencia  ha obligado al Consejo de Seguridad Nuclear a hacer públicos esos informes y que sabíamos que no estaban muy de acuerdo. Los ciudadanos tienen derecho a tener toda la información”.