Elena de la Cruz afirma que en 2011 la Consejería de Fomento decidió paralizar las obras de 157 depuradoras que han supuesto sanciones a los ayuntamientos y una merma a las arcas públicas de 68 millones de euros y la pérdida de 30 millones de fondos FEDER. La consejera asegura que la paralización de otras obras ha mermado en 180 millones de euros a la Consejería de los que ya se han pagado 64 millones y que las negociaciones del Gobierno actual han permitido ahorrar a las arcas públicas 30 millones de euros.