Toledo, 19 de noviembre de 2015.- El Gobierno de Castilla-La Mancha considera necesario revisar el sistema de Rentas Mínimas Garantizadas de las Regiones para convertirlo en un “sistema único, más homogéneo, justo y seguro” en todo el territorio nacional.
 
Así lo ha expresado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha que ha aprobado instar al Gobierno de España a que alcance un pacto de Estado con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas para garantizar por ley “una renta dirigida a las familias que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza y que han agotado cualquier tipo de prestación o carecen de ingresos”.
 
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha expresado en su intervención la voluntad del Gobierno regional de “participar en este proceso reformista”,  tendente a dar valor a lo dispuesto por la Constitución Española en  el artículo 41 y el 149.1.17, artículo este que establece que “el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas”. 
 
Aurelia Sánchez ha informado que en Castilla-La Mancha un beneficiario de Ingreso Mínimo de Solidaridad percibe 372,76 €, cantidad que es incrementada en un 0,6% por cada hijo menor que conviva en la unidad familiar, sin límite de cuantía máxima a percibir. Esta renta se cobra por períodos de seis meses, con una interrupción de tres meses, prorrogables hasta 24 pagos.
 
Las características socio-demográficas de los beneficiarios de Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) muestran el aumento de las mujeres que lo solicitan, con niños y otras personas dependientes en su hogar, con predominio de las familias monomarentales, incluyendo familias con tres o más adultos y niños; con edades entre 35 y 44 años. Cuentan con estudios de Educación Primaria, que viven en el 58% de los casos en una vivienda familiar, aunque el 11% reside en condiciones muy precarias o en situación de “sinhogarismo”.
 
Del análisis de los diferentes sistemas de garantía de ingresos mínimos de las Comunidades Autónomas se concluye que el importe máximo concedido es del País Vasco con 662,51€ ligeramente por encima del SMI, que es de  641,40€. Sin embargo, el importe medio es algo más de 420 € por mes.
 
“Los castellano-manchegos, los extremeños, los murcianos no son diferentes a los ciudadanos vascos, navarros, catalanes o madrileños. El Gobierno de la Nación es el gobierno de todos y a todos debe proteger por igual” ha concluido la consejera que ha pedido un pacto “de toda la sociedad española” en este asunto.
 
Resolución conjunta del Grupo Socialista y Podemos
 
El debate general sobre Renta Garantizada y Complementaria ha concluido con la aprobación de una proposición conjunta presentada por el Grupo Socialista y Podemos, que insta al Gobierno de España a impulsar un pacto de Estado con las Comunidades Autónomas que permita “garantizar por ley una renta dirigida a las familias que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza y que han agotado cualquier tipo de prestación o carecen de ingresos, con el fin de que puedan afrontar sus necesidades básicas”.
 
El segundo punto del acuerdo insta al Gobierno regional “atendiendo al contexto del apartado anterior a desarrollar a lo largo de 2016 la renta garantizada que recoge la Ley 14/2010 de 16 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha”, señalando que “el importe de la renta garantizada tenderá a alcanzar el nivel del Salario Mínimo Interprofesional anual durante la actual legislatura”.
 
Por último, el acuerdo manifiesta que “dentro del proceso de reforma de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, se contemple esta renta garantizada como un derecho social básico”.