La representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el Consejo del Agua del Segura, formada por cuatro miembros, ha considerado favorable en general el Plan Hidrológico de esta cuenca porque recoge la mayoría de las alegaciones del Gobierno regional, aunque ha expresado un voto particular contra tres puntos concretos de la propuesta.

Este voto contrario se ha emitido con la confianza en que estos tres puntos se modifiquen en el dictamen del Consejo Nacional del Agua o en su aprobación por el Consejo de Ministros, pasos siguientes para la tramitación del proyecto.

El PHS ha incluido la posibilidad de realizar nuevas transformaciones al regadío en zonas de cabecera, zonas desfavorecidas y pequeños acuíferos, en lugar de la prohibición total que se recogía en la primera redacción. Esta salvedad abre una vía para nuevos regadíos en la región, tal y como se pedía en las alegaciones presentadas.

La consolidación legal de las superficies de regadío sin concesiones después de la entrada en vigor de la Ley de Aguas se ha condicionado ahora a la existencia de nuevos recursos. La Junta de Comunidades se había opuesto a una legalización general.

Se recoge el respeto a un caudal ecológico, cifrado en el 10% del caudal medio anual, que coincide con lo dispuesto en la Ley de Pesca Fluvial de Castilla-La Mancha.

Además, se ha eliminado del texto la vinculación entre la prioridad de los caudales ecológicos y la aportación de recursos externos. El Gobierno regional consideraba que el respeto a las condiciones medioambientales no podía estar condicionado.

En cuanto a las cuestiones de impacto, también se ha incluido que las nuevas concesiones hidroeléctricas deberán estar sometidas a viabilidad ambiental.

El Plan Hidrológico del Segura incluye inversiones en Castilla-La Mancha: 1.000 millones de pesetas en abastecimiento, 3.600 en saneamiento y depuración y 17.000 en mejora y modernización de regadíos. Están contempladas, asimismo, inversiones en infraestructuras y medioambientales en municipios de Albacete situados en la cabecera de la cuenca.

Se ha asumido el compromiso de que exista declaración de sobreexplotación, durante el primer quinquenio de aplicación del Plan, de los acuíferos ligados a la cuenca con problemas de recursos, lo que implicaría una ordenación controlada de las extracciones. En la actualidad, sólo 4 cuentan con este reconocimiento, a pesar de las escasas reservas de la mayoría.

Otros logros son la anteposición de los usos industriales a los hidroeléctricos, por su mayor interés social, junto a la mayor coordinación con las comunidades autónomas para los temas de pesca, vertidos, contaminación, protección de ribera y mejora de regadíos.

Por último, se ha eliminado de la redacción la referencia a la "inexcusable conexión entre el Júcar y el Segura para llevar recursos externos".

Puntos no compartidos

A pesar de la notable mejora del Plan respecto al texto presentado en principio, hay tres puntos concretos que no son compartidos por la Junta de Comunidades. En primer lugar, se establecen unas dotaciones para regadío excesivas para una cuenca deficitaria.

Por otra parte, está contemplado que las concesiones a zonas regables del trasvase sean otorgadas por la Confederación Hidrográfica, mientras que la Junta de Comunidades considera que es competencia directa del Ministerio de Medio Ambiente, como muestra el precedente de concesión a los regantes de los Llanos de Albacete en el Tunel del Talave.

Además, la experiencia del funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura demuestra que el volumen trasvasado no supera los 285 hectómetros cúbicos/año, cantidad muy inferior a la prevista en las leyes del trasvase. Por tanto, sería temerario contar con esos cálculos excesivos de dotaciones.

En tercer lugar, se incluyen obras de gran calado que no estaban en el texto original, sin precisar sus características. Una de ellas es el recrecimiento del pantano de Camarillas (Hellín), que podría afectar a vegas de regadío y a algunas zonas de protección a incluir en la directiva de hábitats.

Otro ejemplo es la conexión entre el embalse de Fuensanta y el río Taibilla, donde tampoco se pueden valorar las repercusiones. Hasta que no se pueda evaluar su repercusión no se puede dar respaldo a esta previsión.

El nuevo texto del Plan Hidrológico ha sido aprobado hoy con cinco votos en contra de regantes y del Gobierno de la Comunidad Valenciana y dos de grupos ecologistas.