El Gobierno de Castilla-La Mancha no cuestiona la seguridad global del complejo petroquímico de la empresa Repsol en Puertollano. Con esta rotundidad se pronunció hoy en Toledo el consejero Portavoz, Emiliano García-Page, quien desligó totalmente la seguridad global de la planta de la sanción interpuesta a Repsol por un hecho puntual en el que sí se ha producido una imprudencia y una irregularidad.

El Ejecutivo castellano-manchego acordó en su reunión de ayer interponer una doble sanción por un montante global de 65 millones de pesetas a la empresa Repsol, tras el expediente abierto a la empresa con motivo del accidente ocurrido en agosto del año pasado y que ocasionó la muerte de cuatro trabajadores.

Según explicó el Portavoz, tras el procedimiento judicial, en el que hubo acuerdo de las partes, el Ejecutivo autónomo continuó con el expediente administrativo correspondiente y ha resuelto la imposición de esta sanción por considerar que se han cometido dos infracciones a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

La primera infracción cometida, explicó García-Page, es no tener las óptimas condiciones de seguridad preventivas para una actividad concreta, ya que la reciente legislación en materia de Prevención establece que las empresas deben estar en el límite máximo de seguridad que las tecnologías actuales permitan.

"A juicio del Ejecutivo, en el lugar concreto en que se produjo el accidente no se habían adoptado estas medidas preventivas, medidas que sí existían en otras de las calderas de la central", dijo el consejero, quien añadió que por esta infracción, calificada de muy grave, se ha impuesto una sanción de 60 millones de pesetas.

La segunda sanción, calificada de grave, se impone por considerar que se han cometido deficiencias de coordinación y falta de información entre la empresa principal o titular (Repsol) y las empresas subcontratadas (Coplain S.A. y Coasma S.A.). En este caso, la multa asciende a cinco millones de pesetas.

El consejero Portavoz destacó que "es la sanción más importante que se ha impuesto en España a una empresa después de la aprobación de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales". Asimismo, se trata de la sanción más elevada impuesta por la Junta de Comunidades desde que se asumieron las competencias en materia de seguridad laboral.

En opinión de García-Page, esta doble sanción contribuirá a reforzar aún más la seguridad del complejo petroquímico y será un toque de atención para que la empresa optimice, como ha manifestado que hará, las medidas preventivas de seguridad.

Aunque el consejero Portavoz calificó la cuantía de esta sanción de "justificada y ajustada a la categoría de la infracción", hizo especial hincapié en que "lo importante no es la cuantía, sino que el procedimiento inspector y sancionador ha sido ejemplar y que la Administración regional ha actuado con diligencia y con discreción a la hora de analizar las causas del accidente y de buscar su responsabilidad, analizarla y sancionarla".

En este sentido, García-Page indicó que "esto es importante porque se contribuye a garantizar las medidas de seguridad sin que se genere ni alarma, ni inseguridad social, política o laboral en el complejo petroquímico".