Esta mañana ha quedado constituida en Toledo la Comisión Regional de Tutela que velará por los derechos de las personas que sean declaradas por los jueces incapacitadas legalmente y que no tengan a nadie que la pueda ejercer.

Con la creación de esta comisión, según el consejero de Bienestar Social, Santiago Moreno, se pretende "dar un paso más e impedir que ninguna persona pueda quedar en la región sin la tutela precisa, bien porque no tiene ningún familiar que la pueda asumir, o porque en el entorno familiar no se respeten sus derechos".

La tutela no la llevará a cabo directamente la Consejería, sino que la ejercerán directamente las dos fundaciones que existen en la región creadas por asociaciones de padres de disminuidos, discapacitados, y enfermos mentales FUTUCAM (Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha) y Fundación Madre.

Por ello, la Consejería firmará convenios de colaboración con ambas fundaciones.

La Comisión Regional de Tutela, que hoy ha estudiado once requerimientos de tutela de los juzgados de primera instancia de la región, está presidida por el consejero de Bienestar Social y la integran cinco vocales de esta Consejería, tres vocales de la Consejería de Sanidad y dos representantes de FUTUCAM y Fundación Madre.

A juicio del consejero, con esta Comisión se pretende desde la Administración dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los padres de discapacitados y disminuidos: qué va a pasar con ellos cuando los padres fallezcan.

La Junta, por un lado, garantizará a estas personas una plaza en un centro adecuado, y, por otro lado, velará jurídicamente para que puedan ejercer sus derechos.

Las funciones de la comisión, además de la tutela, serán la de administrador legal del patrimonio de los menores tutelados por situación de desamparo; el fomento y realización de cuantas acciones sean necesarias encaminadas a su integración y normalización; así como la administración de los bienes del tutelado cuando así lo determine la autoridad judicial.

Asimismo, se encargará de la información, orientación, asesoramiento y asistencia a padres, familiares y otros tutores; además de la ejecución de las actuaciones que determine la autoridad judicial como medidas provisionales de defensa y protección personal y patrimonial de presuntos incapaces en situación de desamparo.