García-Page ha reclamado que en la próxima Conferencia de Presidentes “se incorpore un punto del día, que es propiciar un acuerdo de Estado por el cual todas las administraciones, pero particularmente el Estado respecto de las autonomías, y vale también para las corporaciones locales, se comprometa a no aprobar ninguna normativa que suponga gasto inducido a las comunidades autónomas. Y si el Estado en su capacidad legislativa impone nuevas cargas a las autonomías, que vayan con la financiación correspondiente y no solo en los primeros años, sino de forma permanente”.