Hace cuatro años, en Brihuega, firmamos un documento la inmensa mayoría de los agentes sociales de Castilla la Mancha con el Gobierno para afrontar un problema de esos difíciles, que se dicen pronto, pero que no se pueden resolver ni de la noche a la mañana, ni con un milagro, sino de los que requieren estrategia, tesón, constancia, intentar cambiar el curso de los acontecimientos y de la propia vida social. Esta firma marcó el comienzo de una estrategia que se ha materializado en una Ley, lo único que lamento es que sea la única todavía en España. La inclusión de medidas fiscales preferenciales para las zonas en despoblación ha marcado un cambio de la mentalidad de casi todos los márgenes de servicios públicos. Nos hemos autoexigido priorizar y tomarnos en serio el fenómeno de la despoblación, sabiendo que estamos hablando de la despoblación obligatoria, de aquella que hace que la gente se tenga que marchar porque le falta lo básico. Después de cuatro está dando resultados; incluso antes de lo que algunos nos imaginábamos porque sabíamos que el tratamiento requería de largo tiempo. Se está notando en la población; se está notando en los empadronamientos; se está notando en los proyectos de inversión que van vinculados ya no solo a zonas urbanas, sino también rurales, y desde luego se está notando, y mucho, en la consolidación de los servicios públicos. Creo que estamos en el camino correcto y lo verdaderamente importante es saber que no puede quedar en un titular, ni en flor de un día; tiene que ser una política estructural para bastante tiempo.