Este decreto tiene por objeto establecer el procedimiento y condiciones que deben reunir los códigos sectoriales de conducta empresarial en materia de consumo, así como regular la adhesión voluntaria de las empresas a dichos códigos y la consecuente concesión del distintivo de autorregulación correspondiente.
 
Al respecto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha promoverá la elaboración e implantación de códigos sectoriales de conducta empresarial, como instrumento de autorregulación y corregulación en materia de consumo.
 
El código de conducta empresarial no podrá afectar a materia alimentaria y contendrá una relación de mejores prácticas referidas a las relaciones de consumo con el fin de mejorar la calidad del servicio que prestan las empresas y dar una adecuada satisfacción a las personas consumidoras, sin perjuicio del obligatorio cumplimiento de la legislación aplicable en cada caso.
 
Entre los compromisos que el código de conducta empresarial ha de contener, se incluirá necesariamente la aceptación de la resolución de reclamaciones a través del sistema arbitral de consumo, así como la atención de las notificaciones y requerimientos que se reciban durante la tramitación de procedimientos de resolución amistosa de conflictos en materia de consumo.