El director general del Agua, Enrique Calleja, está convencido de que la puesta en marcha de la Ley del Ciclo Integral del Agua por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha permitirá solucionar problemas que son fruto del vacío legislativo existente en materia de abastecimientos.

En este sentido, además de la indudable mejora de los servicios con la aplicación de la mencionada Ley, Calleja enumeró un serie de propuestas de actuación para optimizar la gestión de un bien tan básico como es el agua, entre las cuales destacó la necesidad de “fijar las competencias de las administraciones involucradas y definir unos estándares mínimos en cuanto a calidad del servicio (pérdidas en la red, niveles de presión, cortes en los suministros, etc.)”.

A ello se suma, según Calleja, “un riguroso control de los usos, incluso de los no abonados (riego de parques y jardines, edificios pertenecientes a las administraciones públicas..) y el establecimiento de un Plan Director que, con el horizonte del medio o largo plazo, regule todas estas acciones en cada municipio”.

El responsable regional del Agua insistió, asimismo, en la importancia de establecer una adecuada política de tarifas “encaminada no sólo a cubrir gastos de mantenimiento y explotación, sino a reservar una cuota que permita cada cierto tiempo practicar una total renovación de las redes, actuando además sobre la gestión de la demanda en equilibrio con la gestión de la oferta”.

Por último, Calleja se refirió a la situación deficiente que presenta España en materia de abastecimientos, lo que supone acometer “políticas que garanticen el suministro de agua, pero racionalizando los usos”. A su juicio, “no se puede despilfarrar un bien tan escaso como es el agua”.