El compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha para las personas con discapacidad de nuestra región se traduce, según explicó la consejera de Administraciones Públicas, Matilde Valentín, “en garantizar el derecho a una efectiva igualdad de oportunidades y en arbitrar los mecanismos necesarios para mejorar la calidad de vida, facilitando su desarrollo personal y autonomía y asegurando su participación activa en la sociedad”.

Matilde Valentín, que comparecía hoy ante la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha para informar sobre la convocatoria para el acceso de discapacitados a la plantilla de personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, recordó que con la aprobación de la Ley de Acceso de las Personas con Discapacidad a la Función Pública en noviembre de 2001, la comunidad fue pionera en España en aplicar medidas de acción positiva.

“Es una medida de acción positiva que demuestra la voluntad solidaria e integradora del Gobierno de Castilla-La Mancha. Es la iniciativa más importante que jamás ha tomado una administración en España de cara a la integración laboral real de las personas con algún tipo de discapacidad”, destacó la consejera.

Matilde Valentín añadió que “nuestra Comunidad, no sólo reserva un 5% de sus puestos de trabajo para su cobertura con personas discapacitadas, sino que desarrolla turnos independientes de acceso para ellos, que permiten seleccionarlos de forma específica, garantizando su acceso efectivo”.

Además, argumentó, se han creado 44 puestos de trabajo de personal laboral para su cobertura exclusiva por personas con discapacidad, incluidas en el Sistema Específico de Acceso y otros 7 más para enfermos mentales.

La consejera insistió en que la comunidad de Castilla-La Mancha ha sido modelo en la reivindicación de la completa integración de las personas con discapacidad en la sociedad, en todos los ámbitos y en la igualdad de oportunidades, “siempre con el fin de permitir al que sufre una discapacidad una plena autonomía”. En este sentido, la Ley de Acceso a la Función Pública de la región fue presentada por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados para hacerla extensiva al resto del territorio español.

Los efectos de la Ley se han dejado sentir inmediatamente, así el hecho de crear un turno independiente para el 5% de la Oferta de Empleo, reservada a personas con minusvalías superior al 33% ha supuesto un incremento notabilísimo en la incorporación del número de personas con discapacidad.

En las ofertas de empleo anteriores a los años 95 y 99 se dieron unos porcentajes de plazas cubiertas por este personal sobre las convocadas para ellos del 0,37%. Por el contrario, en la Oferta de Empleo del 2001 de 67 plazas convocadas para discapacitados se cubrieron 36, lo que representa el 53,73%.

Respecto al proceso selectivo de personal laboral que se ha realizado en el desarrollo de la Oferta de Empleo 99-2001 y que ha tenido a Toledo como sede de las pruebas por utilizarse el sistema ordinario de pruebas centralizadas, “consideramos que en este caso estaba especialmente justificado por darse la circunstancia de dar una atención directa, personalizada y homogénea”.

No hay que olvidar, precisó Matilde Valentín, que muchos opositores pidieron adaptación de medidas que iban desde la lectura directa del ejercicio, utilización de telelupa, de un intérprete del lenguaje de signos o la utilización de un programa informático determinado.

En consecuencia, la centralización es claramente beneficiosa para los aspirantes desde el momento que participa del principio de igualdad para todos ellos. La posibilidad de descentralizar conduciría a una difícil concreción de las medidas a adoptar en un supuesto concreto durante el desarrollo de las pruebas especialmente las dirigidas a personas con discapacidad..

El Partido Popular que criticó esta medida, dijo Valentín, “no es capaz de asumir que estamos por encima de autonomías gobernadas por su partido, ni reconoce que a lo largo de la anterior legislatura no ha hecho ninguna aportación referida a las personas con discapacidad”, a pesar de que su parlamentario Enrique Belda pusiera como ejemplo de sensibilidad a nuestra comunidad durante una intervención suya en el Congreso de los Diputados.

En los últimos seis años, puntualizó la consejera, se ha incrementado un 15% el presupuesto, existe una normativa en Accesibilidad que ha sido reconocida y copiada fuera la región y otras iniciativas como la incorporación de las personas con discapacidad a la Función Pública.