Toledo, 9 de abril de 2025.- La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha anunciado el inicio de la tramitación parlamentaria de la Ley de Simplificación Administrativa, que supondrá “una revolución en la administración regional, para hacerla más moderna y reducir al máximo los trámites burocráticos”.
 
Según ha comenzado Padilla, “una Administración regional vanguardista debe estar al servicio de la gente, no convertirse en un obstáculo”. Gracias a esta ley, en la que ha trabajado el Ejecutivo de García-Page, “vamos a hacerla más sencilla, ágil y cercana a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha”, ha destacado.
 
Con esta nueva norma, se eliminan los trámites innecesarios y se reducen los tiempos y la documentación a aportar, a la vez que se impulsa el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial, “lo que evitará muchos desplazamientos”, ha explicado la portavoz. Sobre todo, Padilla ha puesto el foco en que la simplificación de los procesos burocráticos “no solo facilita la vida de las personas, sino que también impulsa la economía, fomenta la inversión y mejora la transparencia”.
 
Mayor garantía para la ciudadanía
El anteproyecto de esta ley ya se remitió al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, una entidad que ha hecho varias observaciones a su articulado y que, según ha destacado Padilla, “son una garantía del procedimiento”, ya que el Consejo Consultivo es el “máximo órgano con conocimiento jurídico de la región”.
 
De hecho, se están atendiendo las modificaciones propuestas por este organismo, “de modo que el articulado gane en participación y se otorgue aún más garantía jurídica a la ciudadanía”, ha continuado la portavoz, quien ha subrayado que estas observaciones del Consultivo son “positivas y se hacen con todas las leyes”. En este sentido, Esther Padilla ha aclarado que los anteproyectos de ley que proponen las consejerías pasan por el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades, así como por el Consejo Consultivo, “organismos gracias a los que se va puliendo el texto para que gane concreción”.
 
Regulación de las Entidades Colaboradoras
A continuación, la ley también introduce la colaboración de una figura privada en el procedimiento administrativo. Se trata de las Entidades Colaboradoras (ECAs), que pueden realizar funciones de comprobación, informes y certificación. Padilla ha recalcado que, si bien “siempre se ha trabajado con ellas”, gracias a esta ley, “las regulamos, para que operen con la mayor de las garantías posibles”, es decir, se define lo que son y los requisitos que deben cumplir, entre otros aspectos.
 
La portavoz ha recordado que, en efecto, las entidades colaboradoras son una “figura completamente legal” que lleva existiendo más de 20 años en muchas otras comunidades autónomas, así como en la Administración General del Estado. Entre ellas se encuentran las ITV, que realizan la revisión periódica de los vehículos; las entidades de adopción internacional, incluso los propios sindicatos, que cuando dan cursos de formación lo son, según ha indicado la portavoz.
 
Asimismo, la Ley de Simplificación Administrativa establece que esa participación es voluntaria, de modo que es la persona interesada o la empresa la que solicita, si así lo considera, los servicios de la Entidad Colaboradora. Así, en el caso de un agricultor o agricultora que quiera tramitar la PAC, puede rellenar personalmente la solicitud, o bien, puede irse a una entidad bancaria, que opera como Entidad Colaboradora, para que le ayuden a iniciar el proceso, según ha ejemplificado la portavoz regional.
 
En este sentido, Esther Padilla ha reiterado que las Entidades Colaboradoras “no privatizan la función de la Administración regional, porque solo pueden hacer las funciones que corresponden al particular”. Además, las Entidades Colaboradoras solo participan haciendo informes y cotejando documentación, por lo que no interfieren en el procedimiento administrativo y, según ha querido remarcar la consejera, “no van a ejercer nunca potestades públicas”.
 
Por otro lado, esta normativa regional es “enormemente garantista, más que la del resto de comunidades autónomas”, ha incidido Padilla, tras expresar que es necesario que las Entidades Colaboradoras estén acreditadas por el ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). En este sentido, la portavoz ha querido destacar que estas entidades, además de tener que cumplir con ciertos requisitos, están expuestas a incompatibilidades, algo que ha acompañado de ejemplos tales como que “no se puede ser redactor de proyectos y entidad colaboradora al mismo tiempo”. Por su parte, la Administración mantiene su facultad de supervisión de todas las actuaciones que se realizan y, en el articulado referido a las Entidades Colaboradoras, “se ha trabajado directamente con los técnicos de las Consejerías”, ha añadido Padilla.
 
Asimismo, en la Ley se incluye la posibilidad de que las Entidades Locales puedan usar las ECAs cuando carecen de recursos humanos para la gestión de trámites, “algo muy beneficioso para los pequeños municipios, que muchas veces no cuentan con el personal necesario para hacer trámites”, ha puesto en valor la consejera.
 
En cuanto al modelo de autorizaciones, Padilla ha especificado que la ley posibilita la declaración responsable, “ya que somos un modelo de administración que confía en el ciudadano y la empresa”. Además, según ha apuntado, este procedimiento “agiliza el reconocimiento de derechos o el ejercicio de actividades solicitadas”.
 
Medidas de simplificación
Según ha continuado Padilla, la nueva norma permitirá simplificar en torno a 150 trámites, en parte gracias a que regulará la figura del silencio administrativo, que se establece como positivo. “Es decir, si la Administración no responde, la solicitud se aprueba por defecto”, ha puntualizado la portavoz, tras aclarar que hasta ahora el silencio era negativo, “de ahí la importancia de esta Ley, porque acortará plazos”.
 
En este sentido, el plazo será de doce meses para la revisión de procedimientos desestimatorios por parte de las Consejerías. Además, se establece que los plazos de resolución de los procedimientos competencia de la Administración Regional sean de tres meses y de diez días para emisión de informes y dictámenes.
 
Una Administración digital
La portavoz ha puesto el foco en que la transformación digital no es solo “una herramienta para agilizar trámites, sino una manera de poner al ciudadano en el centro de nuestras políticas”, de modo que se garanticen sus derechos y que sus necesidades sean atendidas de forma más rápida y efectiva. “De hecho, digitalizar la Administración es la verdadera forma de simplificación”, ha destacado la portavoz. Por ello, esta norma incluye la regulación del uso de la inteligencia artificial como herramienta para prestar servicio a la ciudadanía.
 
Además, ha mencionado que ‘Espacio Ciudadano’, una plataforma de servicios digitales que incorpora información de personas físicas y entidades, es “la novedad por excelencia” y uno de los ejes centrales de esta Ley. Según ha concretado, tendrá un apartado específico para las empresas, llamado ‘Canal Empresa’, que contendrá toda la información relativa a los servicios, trámites y procedimientos administrativos, que sean competencia de la Administración regional y de los que también formen parte las personas titulares de actividades económicas y las personas emprendedoras. “Desde el momento en que se ponga en marcha, será el portal único de relación de la Administración digital con las empresas”, ha finalizado la portavoz.
 
Además, gracias a este espacio se evitarán desplazamientos “innecesarios” y se garantizará un servicio “proactivo y personalizado”. De este modo, si una familia cumple los niveles de renta para solicitar una beca escolar, la Administración no esperará a que soliciten la ayuda, “sino que se la ofrecerá directamente”, ha explicado Padilla.