El director general de la Función Pública, Ricardo Navarro, señaló que creía posible alcanzar un acuerdo con los sindicatos para establecer este fondo que compense de la pérdida de poder adquisitivo, pero matizó que "el problema está en que el Gobierno central, a través de la Ley de Presupuestos y la de Acompañamiento, nos permita su aplicación, ya que parece que no existe mucha voluntad por su parte".

El director general de Función Pública, Ricardo Navarro, manifestó su disposición a mantener una "discusión serena y responsable" con los sindicatos para articular un fondo de compensación por la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios, articulación que se realizaría conforme a la lectura de los acuerdos que en su día se adoptaron entre la Administración regional y los sindicatos con representación en la Junta.

El director general consideró imprescindible llevar a cabo una negociación que sea responsable y que esté basada en datos, ya que ahora mismo cada sindicato baraja una cuantía. "Es una cuestión que está abierta a la discusión".

En este sentido, se mostró confiado de poder alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores sobre la articulación y la cuantía de este fondo, pero matizó que "el problema no está en llegar a un acuerdo sobre el fondo, sino en que el Gobierno central nos permita su aplicación, y parece que no hay mucha voluntad por su parte".

En relación a las retribuciones de los funcionarios para el 98, Ricardo Navarro lamentó que el Gobierno central no haya informado al Ejecutivo autónomo sobre las grandes líneas que se recogerán en los Presupuestos Generales, de modo "que podamos establecer los cauces que tenemos que plasmar en nuestros propios presupuestos".

En opinión de Navarro, sería necesario que el Gobierno central tuviese más en cuenta a las comunidades autónomas cuando tiene que legislar sobre cuestiones que también las afectan. "Necesitamos saber cómo se plantean los Presupuestos para ver qué posibilidades nos dejan para que, actuando con rigor institucional, podamos cumplir con nuestros compromisos con los sindicatos".

El director general señaló que los PGE condicionan no sólo los salarios de los trabajadores públicos, sino también los acuerdos adoptados por la Administración regional y los sindicatos para el período 95-98.

"Nuestra voluntad es cumplirlos, pero lógicamente sin caer en una irresponsabilidad institucional, pues no hay que olvidar que nos encontramos ante una legislación básica que condiciona cualquier planteamiento que realicen los ayuntamientos o las comunidades autónomas", puntualizó.

Navarro hizo estas declaraciones antes de que se iniciase la reunión del Comité Regional de Seguridad y Salud Laboral que, entre los puntos del orden del día, debatía su propio reglamento interno de funcionamiento.

El director general señaló que lo más importante es que "la celebración de esta reunión del Comité regional pone de manifiesto que la Junta ha cumplido su compromiso con los sindicatos de tener constituida la red regional y provincial de Comités de Seguridad y Salud Laboral antes de que finalizase este mes".

Navarro explicó que el objetivo de la reunión del Comité es "dotarnos de un reglamento interno de funcionamiento que refleje el espíritu de operatividad y eficacia que queremos tener". En este sentido, señaló que "debemos conseguir un reglamento flexible y que nos dé una gran capacidad de diálogo; que esté abierto a la participación de personas expertas que nos puedan aconsejar; y que nos permita una dinámica de actuación rápida que evite el enquistamiento de los problemas"