Ciudad Real, 19 de octubre de 2015.- La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez,  ha anunciado que este mes se publicará el borrador del decreto con la orden de Dependencia, que cubrirá el vacío legal existente por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) que anulaba la anterior, y se contratará a personal interino para agilizar los 26.000 expedientes pendientes de tramitación.
 
Así lo ha anunciado la consejera durante su visita al presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, en la que han concretado la colaboración entre Gobierno de Castilla-La Mancha e institución provincial en materia de bienestar social.
 
La consejera ha confirmado que la Dependencia es una prioridad para el Gobierno de Castilla-La Mancha, por lo que este mes se aprobará el borrador del decreto con la orden de valoración de Dependencia que sustituye al derogado por el TSJC-M, con lo que se cubrirá el vació legal existente.
 
Este mes igualmente se está procediendo a la contratación de 43 interinos “para apoyar a las direcciones provinciales y agilizar los trámites de la dependencia y de la ayuda emergencia social e ingreso mínimo de solidaridad”.
 
A tenor de los datos de septiembre del sistema nacional de Dependencia, han descendido en 1.658 las solicitudes de castellano-manchegos pendientes de valoración y al igual que se han incrementado en 244 los beneficiarios, se han elevado en 108 las prestaciones de tele-asistencia, en 43 los beneficiarios en Centros de Día, en 185 los que tienen plaza en residencias y 29 los que reciben prestación económica vinculada a servicio.
 
Por su parte, Jose Manuel  Caballero ha agradecido al Gobierno de Castilla-La Mancha que ahora sea “aliado” en la atención social y ha puesto los “recursos económicos y humanos, pero también institucionales y políticos, al servicio de la causa común de atender a los oprimidos, los que peor lo están pasando, de los más necesitados”.
 
Caballero ha confirmado que la institución provincial mantiene el presupuesto de cuatro millones de euros para servicios sociales en ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y tres millones de pesetas para el Plan de Emergencia Social”.