La buscapina y el nolotil, entre los medicamentos excluidos VALENTÍN: "LA EXCLUSIÓN DE 832 FÁRMACOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL RESPONDE A CRITERIOS ECONÓMICOS Y NO SANITARIOS"
La consejera de Sanidad denuncia que el único objetivo de la lista de medicamentos excluidos de la financiación pública es ahorrar 32.000 millones a costa del bolsillo de los ciudadanos. Esta medida en Castilla- La Mancha, según estimaciones de la Consejería, afectará a 2.400.000 envases y un gasto de 1.500 millones de pesetas que deberá correr a cargo del bolsillo de los ciudadanos, si estos deciden seguir consumiéndolos ya que los médicos podrán seguir recetándolos.
La consejera de Sanidad denuncia que el único objetivo de la lista de medicamentos excluidos de la financiación pública es ahorrar 32.000 millones a costa del bolsillo de los ciudadanos. Esta medida en Castilla- La Mancha, según estimaciones de la Consejería, afectará a 2.400.000 envases y un gasto de 1.500 millones de pesetas que deberá correr a cargo del bolsillo de los ciudadanos, si estos deciden seguir consumiéndolos ya que los médicos podrán seguir recetándolos.
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha mostrado su rechazo a la exclusión de 832 fármacos de la financiación pública porque entiende que sólo motivos económicos y no sanitarios han llevado al Gobierno central a adoptar esta medida.
La consejera de Sanidad, Matilde Valentín, en rueda de prensa celebrada esta mañana en Toledo, un día después de que el Ministerio de Sanidad anunciara en el Consejo Interterritorial de Salud la lista de medicamentos que quedarán excluidos de la Seguridad Social, ha mostrado el rechazo de la Comunidad Autónoma a esta medida "por razones de forma y de fondo" ya que se ha aprobado sin contar con nadie.
Valentín ha recordado que en reiteradas ocasiones el Gobierno autónomo ha mostrado su oposición "por razones técnicas y científicas" a una medida de estas características. "Castilla-La Mancha -ha dicho la consejera- no se opone a esta medida por oponerse sino porque el Ministerio no ha sido capaz de explicar qué razones desde el punto de vista sanitario se han tenido en cuenta para hacer que estos fármacos se financien con el dinero de los ciudadanos".
Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura mostraron de forma expresa su rechazo a esta medida y otros tres parlamentos de comunidades autónomas -Navarra, Aragón y Asturias- han aprobado acuerdos en contra de esta lista que obliga a las personas que quieran utilizar estos fármacos a pagar el 100% de su importe.
Para Valentín, no son las comunidades socialistas las que se oponen por razones políticas a esta medida como se ha intentando "vender", sino que es el 32,30 por ciento de la población española, representada por sus gobiernos o parlamentos, la que se opone a la exclusión de estos fármacos de la financiación pública. "Si como dice el Ministerio, para justificar su exclusión, estos medicamentos no son útiles, ni eficaces, ni seguros, lo que debería hacer no es dejar de financiarlos para que se los paguen los ciudadanos, sino retirarlos del mercado", ha indicado la consejera.
"Si no son buenos -ha dicho Valentín- para la salud si los paga el Estado, tampoco serán buenos porque los pague el ciudadano de su bolsillo". Con estas palabras se refería la consejera al hecho de que los médicos puedan seguir recetando estos medicamentos mediante la denominada "receta blanca".
El hecho de que se excluyan medicamentos que usa un amplio sector de la población y que podrán seguir recetándose lleva a la Consejería de Sanidad a pensar que "lo que el PP pretende con esta medida, más que un uso racional del medicamento, es un ahorro para las arcas del Estado a costa, en muchas ocasiones, de la salud de las personas".
Para Valentín, no es justificable que de los 65.000 millones que el Gobierno pretendía ahorrar en gasto farmacéutico en 1998, el 50% (32.000 millones) se carguen al bolsillo de los ciudadanos con esta medida.
La consejera entiende que para hacer un buen uso del medicamento más que ir al ahorro económico, el Gobierno debería haber comenzado por medidas encaminadas al uso de medicamentos genéricos; a la prescripción de medicinas por tratamientos más que por envases comerciales; y a la instauración de precios de referencia, así como a la puesta en marcha de una política de educación sanitaria a la población.
Castilla-La Mancha
Según datos facilitados por la consejera de Sanidad, la retirada de 832 fármacos de la financiación pública supondrá en la región que se excluirán de la financiación 2.400.000 envases, valorados en 1.500 millones de pesetas -el coste para pensionistas será de 800 millones-.
A preguntas de los periodistas sobre si el Gobierno regional piensa pagar con los presupuestos de la Comunidad Autónoma estos medicamentos, la consejera ha señalado que, a parte de que el Gobierno regional no tiene las competencias sanitarias y, por lo tanto, en la comunidad es competencia exclusiva del Gobierno central el gasto farmacéutico, "desde el Gobierno autónomo no podemos permanentemente tapar los agujeros que el Gobierno nacional crea al estado del bienestar".
En cuanto a otros asuntos tratados en el Consejo Interterritorial de Salud que reúne a los consejeros de Sanidad de las 17 comunidades autónomas con los representantes del Ministerio, Valentín ha informado que durante el mismo y dentro del orden del día se abordó el proyecto de decreto para la creación de la Agencia Española del Medicamento.
Valentín mostró su preocupación porque este órgano administrativo autónomo, encargado de evaluar los nuevos fármacos que los laboratorios quieran sacar al mercado, pueda recibir financiación del sector privado y por tanto de la industria farmacéutica.
La consejera alertó sobre los peligros de esta financiación y solicitó que la imparcialidad y objetividad de esta agencia "no se vea empañada por las posibles aportaciones de las empresas farmacéuticas".
Otro de los asuntos abordados en el Consejo, en este caso en el apartado de ruegos y preguntas, fue el referido al Decreto sobre incapacidad laboral.
La consejera ha denunciado que el decreto, que deja en manos de los inspectores de la Seguridad Social, con la posibilidad de que sean las mutuas laborales las que puedan dar las altas médicas, se ha aprobado en el Ministerio de Trabajo sin tener en cuenta la sugerencia del de Sanidad que pretendía que fuesen los médicos de atención primaria los encargados de dar el alta médica.
"Si la lista de medicamentos excluidos de la financiación pública se ha hecho atendiendo no a criterios sanitarios sino a los dictados del Ministerio de Economía y el decreto sobre incapacidad laboral lo ha aprobado el Ministerio de Trabajo sin atender a las sugerencias de Sanidad, ¿qué pinta este Ministerio y que pinta el ministro?", ha concluido la consejera.